- Efectivos militares neutralizaron bocaminas y campamentos clandestinos en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí.
- El contingente decomisó detonadores, dinamita, generadores eléctricos y sacos con material mineralizado de alta ley.
- Las estructuras operaban en zonas de difícil acceso montañoso bajo el control de bandas del crimen organizado.
- La intervención de seguridad busca frenar la contaminación con mercurio en las fuentes fluviales de Imbabura.
Un contundente golpe a las economías criminales ejecutaron las Fuerzas Armadas del Ecuador en la provincia de Imbabura. Durante un operativo táctico de reconocimiento y control de armas desplegado en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, las unidades militares intervinieron y destruyeron un complejo centro logístico dedicado a la minería ilegal a gran escala, el cual operaba en túneles subterráneos camuflados entre la vegetación de la zona montañosa.
La operación se ejecutó el viernes 16 de octubre de 2026 tras labores de inteligencia militar que localizaron campamentos improvisados utilizados para el procesamiento ilícito de material rocoso con alto contenido de oro. Al notar la aproximación del personal uniformado, los individuos que custodiaban el enclave huyeron por trochas selváticas que conducen a la ceja de montaña, abandonando maquinaria pesada, suministros y material explosivo de alto poder destructivo.
Incautación de material explosivo y destrucción de bocaminas
De acuerdo con el parte oficial difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, las tropas decomisaron más de 180 tacos de dinamita, centenares de metros de mecha lenta, fulminantes no eléctricos, seis generadores de corriente, taladros industriales y bombas de achique empleadas para drenar agua de los socavones.
Asimismo, los uniformados aseguraron 350 sacos de yute que contenían roca mineralizada lista para ser transportada hacia plantas clandestinas de molienda en otras provincias. Por disposición de las autoridades judiciales y en coordinación con personal de la Policía Nacional del Ecuador, los equipos de ingenieros militares procedieron a la detonación controlada de las entradas a las galerías subterráneas y a la incineración de los refugios rústicos que albergaban a los operadores irregulares.
Los peritos militares constataron que los mineros furtivos habían perforado túneles de más de 40 metros de profundidad sin ninguna medida de apuntalamiento técnico ni ventilación adecuada, lo que representaba un riesgo latente de colapso geológico para quienes laboraban en condiciones de servidumbre en la zona.
Vínculos con grupos armados y protección de fuentes hídricas
Las investigaciones de seguridad estatal indican que estos centros de extracción ilícita son coordinados por células de grupos de delincuencia organizada que operan en complicidad con disidencias armadas en la frontera norte. Estos grupos imponen cobros extorsivos a pequeños extractores y utilizan el tráfico ilegal de oro como mecanismo de lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.
Además del impacto en materia de seguridad ciudadana, los informes del Ministerio de Energía y Minas alertan sobre la severa devastación ambiental provocada por el vertimiento indiscriminado de mercurio y cianuro en los afluentes hídricos que abastecen a las comunidades agrícolas de Urcuquí e Ibarra. El uso descontrolado de químicos en las riberas fluviales altera la biodiversidad y amenaza la salud pública de los asentamientos rurales.
Para mitigar este daño ecológico, las autoridades ambientales y los destacamentos militares levantaron muestras de suelo y agua para determinar los niveles de toxicidad en las quebradas aledañas, coordinando con los gobiernos parroquiales la restricción temporal del uso de abrevaderos en las zonas colindantes al complejo minero desmantelado.
Control territorial permanente y ofensiva antidelictiva
Este despliegue se enmarca dentro de las estrategias de control territorial permanente que el Estado ecuatoriano mantiene en las zonas de conflicto minero. Estas acciones coordinadas en el norte se articulan con despliegues contra el crimen organizado en el litoral, similares a los resultados obtenidos en el operativo Apolo en Guayas, consolidando una ofensiva frontal contra el crimen organizado en todo el territorio nacional.
El Ejército mantendrá patrullajes móviles y puntos de bloqueo en las vías de acceso a Buenos Aires para interceptar vehículos pesados que transporten químicos o minerales sin guías de movilización reguladas, ratificando su compromiso de proteger los recursos soberanos del país y evitar la reactivación de asentamientos mineros no autorizados.
