- El juez penal Giovanny Freire reinstaló la audiencia preparatoria en el caso Fernando Villavicencio.
- La diligencia judicial se realiza telemáticamente para dictaminar si siete procesados van a juicio penal.
- Efectivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) descartaron un artefacto explosivo en el complejo judicial.
- La evacuación de emergencia paralizó las actividades y despachos judiciales durante noventa minutos en Quito.
El juez penal Giovanny Freire reinstaló este jueves la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Fernando Villavicencio en las instalaciones del Complejo Judicial Norte de Quito, luego de que las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional descartaran una presunta amenaza de bomba. La diligencia judicial, que se desarrolla de manera telemática con la participación de la Fiscalía General del Estado, las defensas técnicas y los procesados, busca definir el llamamiento a juicio de siete personas señaladas como presuntas autoras intelectuales del crimen del excandidato presidencial perpetrado el 9 de agosto de 2023.
Avances procesales en el caso Fernando Villavicencio tras la alerta
La jornada judicial experimentó momentos de alta tensión durante la mañana, cuando guardias de seguridad reportaron la presencia de un bulto sospechoso abandonado en uno de los accesos principales del inmueble. De forma inmediata, el personal de la judicatura activó los protocolos de evacuación, suspendiendo las audiencias en curso y desalojando a cientos de funcionarios y litigantes. Efectivos especializados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudieron con equipos técnicos y canes detectores, determinando tras una rigurosa inspección de 90 minutos que el objeto no contenía material explosivo alguno.
Este incidente ocurre apenas horas después de que otra alerta en el complejo judicial obligara a postergar temporalmente la diligencia, evidenciando las extremas medidas de seguridad que rodean a este proceso histórico. Voceros del Consejo de la Judicatura reiteraron su compromiso de precautelar la integridad de jueces, secretarios y usuarios de la justicia en la capital ecuatoriana, disponiendo que los accesos peatonales y vehiculares mantengan filtros reforzados con arcos detectores de metales y revisión de pertenencias.
Sustentación acusatoria y dictamen del Ministerio Público
Una vez restablecida la tranquilidad y verificada la conexión digital de todas las partes procesales, el magistrado Freire reanudó la audiencia pasadas las 11:00. Durante esta fase fundamental, la Fiscalía General del Estado continuará con la sustentación de su dictamen acusatorio en el caso Fernando Villavicencio, presentando más de un centenar de elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, entre testimonios, peritajes balísticos, explotación de dispositivos electrónicos y transferencias bancarias internacionales.
De acuerdo con la teoría acusatoria del Ministerio Público, los procesados habrían coordinado la logística, el financiamiento y la facilitación material para que sicarios de nacionalidad extranjera emboscaran al líder político al término de un mitin en el norte de Quito. Los defensores de los acusados, por su parte, alistan la presentación de objeciones previas sobre vicios de procedimiento, competencia y supuestas vulneraciones al debido proceso ante las autoridades de la Función Judicial, antes de que el juez decida el auto de llamamiento a juicio plenario.
Garantías de seguridad y trascendencia del dictamen judicial
El desarrollo de esta etapa intermedia reviste una importancia crucial para la institucionalidad del país. Familiares de la víctima y veedores de organismos de derechos humanos han insistido en que las autoridades judiciales deben garantizar la celeridad del proceso sin ceder ante tácticas dilatorias o intimidaciones externas que busquen entorpecer el esclarecimiento integral del magnicidio.
Asimismo, los mandos policiales asignados a la seguridad de la sede judicial ratificaron que el edificio permanecerá bajo resguardo reforzado mientras se desarrolle la exposición de las pruebas. La resolución final del juez Giovanny Freire determinará si existen indicios suficientes y unívocos para someter a los siete procesados al juzgamiento de un tribunal penal, marcando un hito jurisprudencial contra la delincuencia organizada y el sicariato político en el Ecuador contemporáneo.
Adicionalmente, el tribunal precisó que las partes procesales dispondrán del tiempo necesario para concluir sus alegatos orales conforme al cronograma judicial fijado, garantizando la debida contradicción de las pruebas periciales presentadas. La resolución que adopte la sede judicial de Pichincha sentará un precedente definitorio en el juzgamiento de estructuras delictivas organizadas dentro del territorio nacional.
