- El edificio judicial fue evacuado tras detectarse un paquete sospechoso en el exterior.
- Unidades antiexplosivos del GIR inspeccionaron los accesos de la avenida Amazonas.
- Diligencias clave como la audiencia del caso Fernando Villavicencio fueron suspendidas.
- La Judicatura de Pichincha dispuso salvaguardar a usuarios y personal judicial.
Una sorpresiva alerta en el Complejo Judicial Norte de Quito obligó la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 a la evacuación preventiva de cientos de servidores públicos, jueces, abogados y usuarios que permanecían en las instalaciones. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha emitió un comunicado urgente en el que informó la suspensión temporal de todas las actividades jurisdiccionales y administrativas debido a una amenaza de seguridad detectada en las inmediaciones del ingreso principal del inmueble.
El incidente se originó cuando personal de seguridad privada y funcionarios de atención ciudadana advirtieron la presencia de un bulto no identificado y una maleta abandonada en las cercanías del cerramiento perimetral que colinda con la concurrida avenida Amazonas y la calle Villalengua. De inmediato se activaron los protocolos de resguardo institucional, ordenando la salida ordenada de quienes se encontraban dentro de la infraestructura de 12 plantas, mientras se daba aviso formal a los organismos especializados de respuesta rápida de la Policía Nacional.
Despliegue policial ante la alerta en el Complejo Judicial Norte
Minutos después de declararse la contingencia, peritos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) arribaron al sitio acompañados por canes adiestrados en la detección de sustancias explosivas. Los uniformados establecieron un cordón perimetral de 100 metros a la redonda para restringir el paso de transeúntes, al tiempo que agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desviaron la circulación vehicular sobre la avenida Amazonas para facilitar las maniobras técnicas de inspección.
Los técnicos antiexplosivos procedieron a revisar minuciosamente el bulto sospechoso mediante equipos radiológicos portátiles y trajes de protección balística especializados. Mientras se desarrollaba la verificación técnica en los accesos exteriores, brigadistas de seguridad industrial del complejo guiaron a los ciudadanos hacia los puntos de encuentro seguros ubicados en los parques y plazas adyacentes a la plataforma gubernamental del norte de la capital.
La tensión generada en los exteriores del recinto judicial interrumpió de manera repentina importantes diligencias procesales que estaban convocadas para esta jornada, entre ellas la audiencia de formulación de cargos y etapas preparatorias de juicio en tribunales penales de alta connotación pública.
Impacto procesal y suspensión de audiencias de trascendencia nacional
Uno de los efectos procesales más relevantes de la emergencia fue la paralización momentánea de la audiencia preparatoria de juicio vinculada al magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Dicha diligencia se desarrollaba de manera semipresencial bajo la conducción del juez Giovanny Freire, quien debió suspender la lectura formal de su resolución en el momento en que se produjo la alarma general en la sede judicial.
Este hecho procesal ocurre en un momento decisivo para el sistema de justicia penal del país, en concordancia con el seguimiento informativo sobre el caso Fernando Villavicencio y la reinstalación de su audiencia de juicio, donde se analiza la situación jurídica de varios procesados tras recientes diligencias de cooperación internacional y extradición.
Abogados en libre ejercicio que aguardaban el inicio de audiencias de flagrancia en materia penal, laboral y familiar expresaron su preocupación por la recurrencia de amenazas que entorpecen los cronogramas procesales. No obstante, reconocieron que la prioridad institucional ante cualquier paquete no rotulado o indicio de riesgo debe enfocarse en precautelar la vida y la integridad física de los litigantes y servidores judiciales.
Refuerzo de protocolos de seguridad en complejos judiciales
La recurrencia de alertas de seguridad en sedes de la Función Judicial ha impulsado durante el último año una revisión exhaustiva de los esquemas de protección física en los principales distritos del país. Tras hechos previos suscitados en dependencias de Guayas, Manabí y El Oro, las directrices del Consejo de la Judicatura contemplan el fortalecimiento de arcos detectores de metales, la instalación de escáneres de rayos X en los accesos de correspondencia y el mantenimiento permanente de sistemas de circuito cerrado de videovigilancia en los perímetros externos.
En el entorno urbano de la avenida Amazonas, la alerta también tuvo repercusiones en el sector comercial y corporativo circundante. Diversas entidades bancarias y oficinas adyacentes optaron por aplicar medidas preventivas internas y limitar el ingreso de usuarios hasta que el mando policial confirmara el control total del área. Una vez culminadas las verificaciones técnicas con resultado negativo para artefactos explosivos, el tránsito vehicular comenzó a restablecerse de manera paulatina bajo la supervisión de los agentes de tránsito metropolitano.
Garantías de seguridad en la Función Judicial y restablecimiento de labores
Voceros oficiales del Consejo de la Judicatura señalaron que las dependencias judiciales de Pichincha mantendrán una coordinación estrecha con el mando de la Policía Nacional para reforzar los filtros de control de accesos peatonales y vehiculares en las distintas unidades judiciales del distrito metropolitano.
Las autoridades precisaron que una vez que las unidades tácticas del GIR culminen el barrido técnico de seguridad y descarten cualquier artefacto detonante en el perímetro exterior, se procederá con la reapertura escalonada de las ventanillas de atención ciudadana y la reprogramación inmediata de las audiencias suspendidas, garantizando que no se vulneren los plazos legales ni el debido proceso de las partes procesales.
