- Tres personas fueron acribilladas en un taxi al salir de una dependencia judicial.
- Unidades élite de la Policía desplegaron un cerco operativo inmediato en la ciudad.
- Dos presuntos gatilleros fueron capturados con armas de fuego y motocicletas.
- El Gobierno evalúa reforzar medidas de seguridad y toques de queda en El Oro.
Un violento ataque armado registrado en los exteriores de una dependencia judicial conmocionó a la provincia de El Oro este 20 de octubre, desencadenando un rápido despliegue de las fuerzas del orden que culminó con la aprehensión de dos sujetos presuntamente involucrados en el sangriento sicariato en unidad judicial de Machala, donde tres personas perdieron la vida de forma instantánea al interior de un taxi convencional.
De acuerdo con el informe oficial divulgado por el Ministerio del Interior y mandos de la Policía Nacional del Ecuador, las víctimas mortales acababan de recuperar su libertad procesal tras comparecer en una audiencia preliminar por presuntos delitos de secuestro extorsivo. Apenas abordaron el vehículo de transporte público en la avenida Colón Tinoco, fueron interceptadas por individuos fuertemente armados que se movilizaban a bordo de motocicletas y abrieron fuego a corta distancia.
Persecución táctica y decomiso de armamento letal
La activación inmediata del Código 3 por parte del sistema integrado ECU 911 permitió que patrullas del eje preventivo y grupos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) localizaran a los presuntos atacantes mientras intentaban huir hacia sectores suburbanos de la capital orense. Tras una intensa persecución, los uniformados interceptaron a dos jóvenes identificados como partícipes materiales de la emboscada.
Durante la inspección de seguridad, los agentes confiscaron pistolas de calibre 9 milímetros, municiones intactas y una de las motocicletas utilizadas en el hecho criminal, la cual registraba alteraciones en sus números de serie. La pericia balística y los registros de las cámaras de seguridad del circuito judicial aportaron evidencias determinantes para la flagrancia, enmarcada en las acciones contra organizaciones criminales revisadas en nuestras crónicas sobre la cooperación policial y seguridad fronteriza en el sur del país.
Exigencia ciudadana de garantías en sedes de justicia
Representantes del gremio de abogados y funcionarios de la administración de justicia de El Oro expresaron su profunda preocupación ante la recurrencia de atentados armados en los alrededores de complejos judiciales, demandando la instalación permanente de filtros policiales y arcos detectores de metales en las vías de acceso a los tribunales.
Vulnerabilidad institucional y protocolos de protección judicial
El violento ataque perpetrado en Machala reavivó el debate sobre los esquemas de seguridad física que resguardan a jueces, secretarios y fiscales en provincias costeras azotadas por la delincuencia organizada. Gremios profesionales advierten que la falta de perímetros de exclusión vehicular y la escasez de chalecos balísticos dejan en indefensión absoluta tanto al personal judicial como a los usuarios que asisten a audiencias públicas.
Asimismo, los mandos policiales destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar movimientos inusuales de automotores y personas sospechosas en los alrededores de los tribunales. La consolidación de corredores seguros y la presencia permanente de patrullas de reacción rápida resultan determinantes para disuadir represalias armadas y evitar que las sedes de administración de justicia se transformen en escenarios de ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Fortalecimiento operativo y cooperación interinstitucional
El ministro del Interior y los altos mandos policiales ratificaron que los operativos de control en El Oro se intensificarán con el despliegue de blindados ligeros y patrullajes aéreos en los accesos viales estratégicos a Machala, Puerto Bolívar y Pasaje. La coordinación con la Ministerio del Interior busca asfixiar las rutas logísticas y centros de acopio del narcotráfico que alimentan la violencia sicarial en la zona portuaria.
De igual forma, la Fiscalía solicitó la reserva de identidad de testigos y peritos balísticos para proteger su integridad durante el desarrollo del juicio penal, instando a los jueces a aplicar el máximo rigor de la ley frente a delitos que atentan contra la paz social y la institucionalidad judicial del país.
La Fiscalía General del Estado formalizó la formulación de cargos por asesinato en contra de los dos aprehendidos, solicitando al juez de garantías penales la medida cautelar de prisión preventiva en un centro carcelario de máxima seguridad para evitar fugas y garantizar el avance de las indagaciones sobre los autores intelectuales del triple homicidio.
