- Un informe catastral detecta 34 predios por USD 4,2 millones a nombre de la red de Fito.
- Los bienes en Manta, Portoviejo y Montecristi no registran trabas en los municipios.
- La Fiscalía comprobó diferencias millonarias entre avalúos catastrales y peritajes reales.
- Casas con búnkeres y acabados de lujo figuraban registradas como terrenos simples.
Pese al avance del proceso penal por lavado de activos conocido como Blanqueo Fito, que investiga operaciones ilícitas por USD 25,8 millones, un informe documentado a 38 certificados catastrales en Manta, Portoviejo, Montecristi y El Empalme reveló este jueves 1 de octubre de 2026 que 34 inmuebles valorados municipalmente en USD 4,2 millones continúan formalmente a nombre de los procesados y sentenciados, sin reflejar ningún bloqueo administrativo en los sistemas de los cabildos manabitas.
La revisión pública evidencia que el entorno familiar más cercano al cabecilla prófugo de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, y su esposa Inda Peñarrieta Tuárez, concentra al menos USD 1,6 millones en propiedades que carecen de alertas registrales de comiso judicial.
Propiedades familiares sin restricciones comerciales
Inda Peñarrieta encabeza la nómina registral con siete bienes inmuebles por un valor catastral de USD 1,2 millones, entre los que constan un terreno de 2.400 metros cuadrados en San Agustín por USD 241.458 y un lote de 3.027 metros cuadrados en la vía Puerto-Aeropuerto por USD 360.619.
Por otro lado, la familia de Verónica Briones, pareja del narcotraficante, mantiene un patrimonio en predios de USD 1,7 millones entre Manta y Portoviejo, destacando inmuebles comerciales avaluados en USD 848.747 donde operan locales de farmacias y bodegas.
Reportes de la Fiscalía General del Estado e investigaciones de Primicias señalan que la red de testaferros ejecutó donaciones y ventas rápidas de bienes días después de los allanamientos para burlar las incautaciones.
La persecución al blanqueo de capitales de organizaciones delictivas se articula con acciones en las cuales la UAFE detecta millonario esquema de lavado de la esposa de alias Fito tras su traslado a la cárcel La Roca.
Subvaloración catastral y búnkeres subterráneos
El dato más contundente del reporte es la discrepancia extrema entre las valoraciones municipales y los avalúos periciales presentados en juicio por la Fiscalía.
En el sector Altamira de Manta, una residencia inscrita a nombre de Peñarrieta tenía un avalúo catastral de USD 86.342, pero los peritos judiciales tasaron la propiedad en USD 1,8 millones al constatar una estructura que incluía acabados de lujo, ascensores y un búnker subterráneo con climatización.
En Montecristi, un predio de USD 63.135 fue tasado en USD 581.066 al verificarse piscinas y búnkeres con poleas eléctricas para movilización encubierta.
Expertos en derecho registral instan a modernizar la interconexión de datos entre el sistema judicial y los municipios para evitar que bienes del narcotráfico sigan circulando en el comercio formal.
Las autoridades judiciales han solicitado la aplicación inmediata de medidas precautelares en los registros de la propiedad para consumar la extinción de dominio de estos activos.
El marco normativo contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo contempla la aplicación rigurosa de la Ley de Extinción de Dominio, instrumento que permite despojar judicialmente a las redes narcodelictivas de bienes adquiridos con dineros ilícitos, incluso si fueron transferidos a testaferros o herederos. La Fiscalía General del Estado ha solicitado a las unidades antilavado remitir de urgencia los exhortos definitivos para evitar que los bienes de alias Fito sean enajenados en notarías locales.
Asimismo, los comités de veeduría ciudadana y los gremios de juristas de Manabí enfatizan que la depuración catastral y registral en los municipios costeros es prioritaria para cerrar los vacíos administrativos que históricamente permitieron el enriquecimiento injustificado de organizaciones delictivas en el país.
La articulación entre las entidades gubernamentales y los organismos cooperantes asegura un seguimiento técnico riguroso de cada fase de ejecución, garantizando la optimización de los presupuestos y consolidando resultados tangibles para el bienestar ciudadano.
Especialistas coinciden en que sostener estos estándares de transparencia y eficiencia operativa es indispensable para fortalecer la credibilidad internacional del Ecuador y atraer nuevas inversiones para el desarrollo sostenible del país.
