- El líder de la agrupación ilícita fue sentenciado a cumplir 30 años de privación de libertad.
- Doce colaboradores fueron declarados culpables como coautores con 22 años de cárcel.
- El radio de acción abarcaba puntos estratégicos en Manta, Jaramijó y Montecristi.
- Peritajes balísticos y testimonios confirmaron delitos de sicariato y tenencia ilícita de armas.
La justicia penal ecuatoriana sentenció de forma condenatoria a 13 integrantes de una estructura de delincuencia organizada que operaba en la provincia de Manabí. La resolución fue dictada por un Tribunal de Garantías Penales tras valorar las pruebas testimoniales y periciales expuestas durante el juicio oral, imponiendo una condena de 30 años de privación de la libertad al principal cabecilla de la agrupación y penas de 22 años de prisión para otros 12 procesados en calidad de coautores directos del delito de delincuencia organizada con fines de sicariato y tentativa de homicidio.
Sustento probatorio e investigaciones policiales especializadas
La acusación liderada por la Fiscalía General del Estado acreditó que los sentenciados conformaban una célula delictiva estructurada que mantenía como centro de operaciones las localidades de Manta, Montecristi y Jaramijó. Durante más de ocho meses de indagaciones preliminares, agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador recopilaron bitácoras de vigilancia, grabaciones de cámaras de seguridad y escuchas telefónicas autorizadas judicialmente que expusieron la jerarquía y la cadena de mando del grupo.
Los elementos incorporados al expediente demostraron que la banda utilizaba viviendas particulares y galpones como bodegas clandestinas para el acopio de armas automáticas, municiones y motocicletas empleadas para perpetrar ataques armados selectivos. Los peritos de criminalística lograron identificar que los miembros de la red realizaban labores de seguimiento previo a comerciantes y ciudadanos para ejecutar atentados y cobros extorsivos en distintos sectores de Manabí.
Cotejamientos balísticos y peritajes de telefonía
Entre los elementos más contundentes valorados por los jueces constaron los informes periciales practicados a 18 armas de fuego decomisadas durante los allanamientos simultáneos. Los análisis balísticos integrados al sistema pericial comprobaron la correspondencia directa entre los proyectiles percutidos en escenas de crímenes y el armamento incautado en poder de los sentenciados, estableciendo su vinculación material con cuatro atentados perpetrados entre 2023 y 2024.
De igual forma, la extracción pericial de datos en teléfonos celulares evidenció transferencias de dinero, reportes de vigilancia y órdenes explícitas impartidas por el cabecilla para perpetrar homicidios bajo la modalidad de encargo en contra de objetivos locales. Los agentes investigadores detallaron ante el tribunal cómo los procesados se distribuían funciones logísticas, incluyendo la custodia de vehículos robados, la adquisición de placas falsificadas y la compra de combustible para facilitar la huida de los ejecutores materiales tras consumar los ataques armados en contra de civiles inocentes en la vía pública.
Sanciones económicas y medidas de reparación integral
Los magistrados de la Función Judicial aplicaron las sanciones tipificadas en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), ordenando además del cumplimiento de las penas privativas de libertad el pago solidario de multas pecuniarias y montos indemnizatorios destinados a la reparación integral de las familias perjudicadas. Asimismo, se dispuso el comiso definitivo de todos los automotores y pertrechos bélicos incautados en las redadas policiales.
Los jueces dispusieron además que los mandos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior mantengan reforzados los cuadrantes de seguridad en las zonas donde operaba esta estructura criminal, con patrullajes móviles y puntos de control fijos para impedir que remanentes de la organización intenten reorganizarse o amedrentar a testigos protegidos que comparecieron durante las audiencias.
Esta resolución judicial refuerza la labor de fiscalización y combate contra el crimen transnacional en las provincias costeras, en consonancia con los continuos golpes asestados contra las organizaciones delictivas en el país, como se constata en las recientes detenciones sobre operativos policiales contra redes de asociación ilícita en el país. Los sentenciados fueron ingresados de inmediato a centros de privación de libertad bajo estricta custodia del servicio penitenciario nacional para cumplir sus condenas.
