- Un Tribunal de Garantías Penales revocó las medidas no privativas de libertad de la ciudadana Navila D.
- La orden judicial dispone a la Policía Judicial y al bloque de búsqueda la captura inmediata de la procesada.
- El proceso penal investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de influencias.
- La acusada no se presentó periódicamente a la sede judicial según los informes de cumplimiento de medidas.
La defensa técnica de la procesada presentó alegatos ante los jueces competentes argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso y suficiente arraigo territorial en el país; no obstante, el Tribunal de Apelación desestimó tales pretensiones procesales al ratificar que las evidencias técnicas aportadas por la Fiscalía General del Estado demuestran un inminente riesgo de fuga y evasión de la justicia ecuatoriana.
Un Tribunal de la Sala Penal de Pichincha dispuso de manera oficial la localización y captura en el caso la reina en contra de la procesada Navila D., al comprobarse el reiterado incumplimiento de las presentaciones periódicas que le habían sido otorgadas como medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva dentro de la causa por presunta delincuencia organizada.
Fundamentos jurídicos de la captura en el caso la reina
La decisión judicial fue notificada formalmente a las unidades de inteligencia y captura de la Policía Nacional del Ecuador, instruyendo que la ciudadana sea aprehendida de forma inmediata y puesta a órdenes del tribunal para garantizar su comparecencia a la etapa de juicio oral que se sustancia en la capital de la República.
De acuerdo con los expedientes tramitados ante el Consejo de la Judicatura, las indagaciones penales del denominado caso La Reina señalan la existencia de una presunta estructura societaria y operativa destinada al cobro de comisiones ilegales y tráfico ilícito en procesos de contratación pública. La Fiscalía General del Estado sustentó que la procesada desempeñaba un rol relevante en la gestión de cuentas y contratos.
Despliegue de la Policía Judicial y controles migratorios
Durante las audiencias previas, los juzgadores habían concedido la prohibición de salida del país y la obligación de firmar semanalmente en la secretaría del juzgado; sin embargo, los informes periciales del sistema penitenciario y de control judicial alertaron que la imputada dejó de acudir de manera injustificada durante varias semanas consecutivas.
La emisión de boletas de captura en causas de alta relevancia pública refleja la intensificación de las medidas judiciales contra redes de corrupción y delincuencia organizada en el Ecuador, en sintonía con las acciones de los tribunales que resuelven apelaciones y fallos de tribunales y condenas ratificadas para evitar la evasión de la justicia ordinaria.
Agentes de la Dirección Nacional de Policía Judicial activaron controles migratorios en pasos fronterizos y terminales aéreas internacionales ante la presunción de que la ciudadana intentara abandonar el territorio ecuatoriano para eludir la acción penal.
Abogados penalistas explicaron que la revocatoria de medidas alternativas constituye una facultad discrecional y obligatoria de los juzgadores cuando el procesado vulnera las condiciones impuestas para asegurar su presencia en juicio.
La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana a través de las líneas confidenciales del plan de recompensas para proporcionar datos verificados sobre el paradero de la requerida por la justicia.
El Tribunal reiteró que la orden de captura tiene vigencia indefinida hasta que la procesada sea puesta bajo custodia en un centro penitenciario del país y comparezca formalmente ante los jueces de la causa.
La Fiscalía ratificó que continuará presentando los elementos de convicción acumulados durante la instrucción fiscal para sustentar la acusación en la audiencia de juzgamiento correspondiente.
El tribunal de garantías penales dispuso además que la Policía Judicial remita informes periódicos sobre las diligencias de rastreo ejecutadas en los posibles domicilios de la acusada, garantizando que el expediente procesal cuente con la constancia documental de las acciones de localización.
Juristas consultados señalaron que en los procesos por delincuencia organizada la presencia de los imputados en la audiencia de juzgamiento es un requisito indispensable para la validez formal del juicio oral conforme a las normas procesales ecuatorianas.
La Fiscalía General reiteró que los elementos periciales y testimoniales recabados durante la etapa preparatoria de juicio demuestran la presunta participación de la procesada en el entramado investigado.
Fuente: Información procesada con base en reportes oficiales y cobertura periodística documentada en https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/tribunal-ordena-captura-inmediata-navida-caso-la-reina/.









