- Habitantes de La Concepción y San Sebastián denuncian el abandono de Unidades de Policía Comunitaria.
- Dirigentes vecinales señalan que las instalaciones permanecen cerradas sin dotación fija de uniformados.
- La falta de presencia policial coincide con un incremento sostenido de asaltos a personas y locales.
- Exigen a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior un plan integral de reapertura inmediata.
El drama ciudadano ante cada UPC sin policías en Quito
El malestar y la zozobra se apoderan de populosos sectores urbanos de la capital ecuatoriana tras evidenciarse el progresivo desabastecimiento de puestos de vigilancia barrial. Moradores de sectores emblemáticos como La Concepción, en el norte, y San Sebastián, en el casco colonial, han levantado enérgicas denuncias al constatar la existencia recurrente de UPC sin policías en Quito, dejando desprotegidos a miles de comerciantes y transeúntes.
De acuerdo con testimonios recogidos en asambleas comunitarias, diversas instalaciones físicas permanecen con candados oxidados en sus accesos, luminarias desconectadas y escritorios vacíos. Los habitantes recuerdan que estos recintos fueron edificados o rehabilitados con recursos públicos provenientes de la tasa de seguridad que pagan puntualmente en sus planillas municipales, por lo que resulta inadmisible que una UPC sin policías en Quito sea el panorama habitual tanto de día como de noche.
La ausencia de agentes de proximidad ha derivado en un repunte de delitos comunes. Propietarios de tiendas de abarrotes, panaderías y farmacias aseguran que los asaltos a mano armada por parte de delincuentes que operan en motocicletas sin placas se han multiplicado durante las últimas semanas, especialmente en los horarios de apertura y cierre de los negocios locales.
Los moradores advierten que los facinerosos aprovechan la oscuridad y la certeza de que no hay uniformados en los puestos de auxilio rápido para interceptar a estudiantes universitarios y trabajadores que retornan a sus hogares en horas de la noche. La falta de rondas a pie ha provocado que espacios públicos recuperados, como parques infantiles y plazas cívicas, vuelvan a ser tomados por personas dedicadas al consumo de sustancias ilícitas.
Exigencias barriales de patrullaje preventivo y respuesta institucional
Ante la falta de auxilio inmediato, los afectados deben llamar a la línea única del 911 para solicitar el despacho de unidades móviles de distritos colindantes. Sin embargo, los tiempos de traslado superan frecuentemente los 40 minutos, lo que anula cualquier posibilidad de captura en flagrancia o auxilio a víctimas heridas. Esta desatención forzó a los comités barriales a reactivar alarmas comunitarias y contratar guardias privados informales.
Líderes de las juntas parroquiales demandaron una comparecencia pública de las autoridades de la Policía Nacional del Ecuador para que expliquen el destino del personal asignado a los circuitos metropolitanos. Sostienen que, aunque se comprende la necesidad de reforzar operativos tácticos en ejes conflictivos del Litoral, no se debe desguarnecer la seguridad preventiva en los barrios tradicionales de la capital.
Por su parte, desde el Ministerio del Interior se ha argumentado que se implementan esquemas de patrullaje dinámico y cuadrantes móviles para optimizar los recursos logísticos. No obstante, los moradores insisten en que la disuasión del delito requiere presencia física fija, permanencia comunitaria y contacto directo entre el gendarme y el vecino.
Los presidentes barriales anunciaron que presentarán una acción de protección colectiva y pedirán la intermediación de la Defensoría del Pueblo para que se obligue al Estado a reabrir y dotar de equipamiento a todos los puestos comunales clausurados en la urbe.
La problemática de la seguridad metropolitana refleja tensiones estructurales que se extienden a lo largo del país, en una coyuntura donde la ciudadanía demanda respuestas contundentes frente a la criminalidad común y organizada.
Adicionalmente, dirigentes comunitarios de los barrios periféricos convocaron a una marcha pacífica hacia la Comandancia General de la Policía para exigir que los nuevos cadetes graduados sean asignados de forma equitativa en los circuitos urbanos y no se concentren exclusivamente en tareas administrativas de oficina.
Adicionalmente, dirigentes comunitarios de los barrios periféricos convocaron a una marcha pacífica hacia la Comandancia General de la Policía para exigir que los nuevos cadetes graduados sean asignados de forma equitativa en los circuitos urbanos y no se concentren exclusivamente en tareas administrativas de oficina.
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