El traslado de 528 reclusas y 665 reclusos de la cárcel de Cotopaxi a la de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Ha sido una medida implementada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los centros de privación de libertad y promover un entorno más seguro y adecuado para los internos. Entre los trasladados se encuentra Mayra Salazar. La cual esta condenada por su participación en el caso Metástasis, quien cumple una sentencia que finalizará el 13 de marzo de 2025.
El contexto de la reubicación
El traslado de los internos se realizó el pasado sábado, bajo estrictas medidas de seguridad coordinadas entre las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones del Estado. En total, 1.193 reclusos fueron reubicados, en cumplimiento de normativas internacionales que promueven la separación de géneros en los centros penitenciarios. Esta reubicación, que implicó tanto a hombres como a mujeres. Tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad dentro de las prisiones y evitar la sobrepoblación en ciertos centros penitenciarios.
El caso de Mayra Salazar
Mayra Salazar, una de las reclusas trasladadas, fue condenada a 15 meses de prisión el 24 de julio de 2024 por su implicación en el caso Metástasis. Relacionado con la corrupción judicial. Salazar aceptó su culpabilidad por el delito de delincuencia organizada, que consistió en la compra de jueces en la Corte de Justicia de Guayas para favorecer al narcotraficante Leandro Norero. La condena de Salazar se redujo gracias a su colaboración con la Fiscalía, lo que permitió abrir nuevos casos, entre ellos, el caso Purga. Además, como parte de su sentencia, deberá pagar una reparación económica de USD 11.040 al Estado, así como devolver USD 6.300 que recibió desde la organización criminal para la que trabajó. También se le impuso una multa de USD 5.520 y el decomiso de bienes, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas.
El impacto del conflicto armado en las cárceles
La situación de violencia en las cárceles de Ecuador ha sido un tema de gran preocupación en los últimos años. Las masacres y el control de las prisiones por parte de organizaciones criminales han sido constantes. Lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra estos grupos. El gobierno atribuye las masacres y otros actos de violencia a los grupos criminales que operan desde dentro de las cárceles. Lo que ha generado un ambiente de inseguridad tanto para los reclusos como para el personal encargado de la custodia.
Como parte de las medidas para frenar la violencia y el control de las prisiones por parte de las bandas. El gobierno ha tomado el control de las cárceles mediante la presencia de fuerzas militares. Esta intervención busca garantizar que los centros de privación de libertad no sean utilizados como espacios para actividades delictivas organizadas y mejorar las condiciones de seguridad para los internos y el personal penitenciario.
Reflexiones sobre la situación carcelaria y el sistema de justicia
La reubicación de los reclusos y el caso de Mayra Salazar resaltan los graves problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario en Ecuador. Donde las mafias criminales y la corrupción dentro del aparato judicial han afectado profundamente la seguridad y el funcionamiento del sistema de justicia. La cooperación de personas como Salazar con la Fiscalía es vista como un paso hacia la desarticulación de redes de crimen organizado dentro del sistema penitenciario. Aunque las soluciones a largo plazo aún parecen ser complejas.
A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, la situación en las cárceles de Ecuador sigue siendo crítica. La violencia, la sobrepoblación y la falta de control efectivo son problemas que requieren reformas profundas y una cooperación interinstitucional más robusta. La reubicación de los internos es solo una de las muchas medidas que el gobierno de Ecuador está tomando para intentar restaurar el orden y garantizar que las cárceles sean lugares donde se cumpla la ley y se promueva la rehabilitación de los reclusos.
El futuro de la seguridad penitenciaria en Ecuador
El traslado de Mayra Salazar y otros reclusos representa un pequeño paso en la búsqueda de un sistema penitenciario más seguro y eficiente. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta el momento parecen no ser suficientes para resolver los problemas estructurales que afectan al sistema de justicia en Ecuador. Los expertos en seguridad coinciden en que se necesita un enfoque integral que abarque desde la reforma del sistema judicial hasta el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para poder frenar el avance del crimen organizado y mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles.
La situación de las prisiones en Ecuador es una cuestión urgente que seguirá siendo un reto para las autoridades del país. La capacidad del gobierno para implementar reformas efectivas y asegurar que las cárceles no sean utilizadas como centros de operaciones para los grupos criminales será clave para determinar el futuro de la seguridad y la justicia en el país.
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