La violencia política azota a las ciudades más expuestas
En los últimos tres años, Ecuador ha vivido un repunte sostenido de agresiones contra figuras públicas. Desde 2022, más de 350 eventos han sido registrados por la organización Acled, especializada en el monitoreo de conflictos armados. Las ciudades de Guayaquil, Manta, Durán y Esmeraldas lideran el número de incidentes, con cifras alarmantes que revelan la creciente inseguridad que enfrentan los funcionarios públicos en sus actividades diarias. No se trata únicamente de amenazas o intimidaciones; los registros incluyen explosiones, secuestros, asesinatos y atentados contra familiares directos. La violencia política se ha convertido en un instrumento de control por parte del crimen organizado.
Durán, epicentro de una serie de violencia política
El cantón Durán, vecino de Guayaquil, ha acumulado 32 ataques desde 2022, consolidándose como uno de los territorios más peligrosos para funcionarios. El atentado contra el alcalde Luis Chonillo en mayo de 2023, donde murieron tres personas, marcó el inicio de una cadena de violencia sostenida. Desde entonces, han sido asesinados un concejal, un fiscal y el esposo de una exalcaldesa. Incluso la vicealcaldesa Jessika Solís renunció tras un ataque con explosivos dirigido contra una propiedad de su familia. En respuesta, el alcalde ha debido gestionar el municipio desde Estados Unidos durante casi un año. Esta dinámica evidencia cómo los grupos armados buscan desplazar y reemplazar la autoridad estatal por medio del terror.
Funcionarios de tránsito en la mira del crimen organizado
Un patrón que ha emergido con fuerza en Manta y Durán es el ataque sistemático a agentes de tránsito municipales. Lejos de ser actores periféricos, su rol es crucial en las operaciones logísticas del narcotráfico, al tener acceso a rutas y controles. En 2024, la quema de una oficina de tránsito en Manta, en medio de disputas entre Los Choneros y Los Lobos, ilustró la intensidad de estas pugnas. Este tipo de agresión se ha convertido en una manifestación clara de violencia política encubierta, donde el objetivo es neutralizar cualquier resistencia institucional.
Letalidad creciente de violencia política en ciudades intermedias como Manta
Manta ha reportado menos eventos violentos en comparación con Guayaquil o Durán, pero la tasa de víctimas mortales por cada incidente es más alta. Con 23 casos registrados desde 2022, se han producido 25 muertes relacionadas, lo que refleja un alto grado de letalidad. Esto sugiere que cada ataque es planeado con precisión y ejecutado con la intención de eliminar a las figuras objetivo. Aunque se trata de una ciudad intermedia, su importancia estratégica en las rutas marítimas y su penetración por parte del narcotráfico la convierten en una zona crítica dentro del panorama de violencia política en Ecuador.
La política electoral como detonante del conflicto
Un punto álgido de esta ola de violencia se vivió durante los procesos electorales de 2023. Solo en ese año, se reportaron 147 eventos violentos, de los cuales 99 fueron fatales, incluyendo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El patrón se repite: cada ciclo electoral genera un repunte en la violencia política, con grupos criminales intentando posicionar a candidatos afines o intimidar a quienes no ceden a presiones. La infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas representa una amenaza directa a la democracia y al funcionamiento del Estado de derecho en el país.
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