La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió el 27 de noviembre de 2024 negar y archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como la ‘Ley Antipillos’. Este proyecto, enviado por el presidente Daniel Noboa bajo el carácter de económico urgente, buscaba fortalecer el control sobre el lavado de activos y aumentar la recaudación fiscal, pero recibió fuertes críticas desde diferentes sectores políticos.
Motivos del archivo: críticas de la oposición
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, presentó la moción para archivar el proyecto, calificándolo como “confiscatorio”. Según Peñafiel, la ley afectaría directamente el bolsillo de los ecuatorianos al imponer mayores impuestos sobre actividades como la compra-venta de vehículos usados.
“De lavado de activos, este proyecto no tiene nada, porque no atiende precisamente el gran problema del lavado de activos”, afirmó Peñafiel durante el debate. Además, señaló que la normativa daba a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) facultades excesivas, lo que representaba una concentración peligrosa de poder.
El rechazo no se limitó a Construye, ya que las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), junto con varios independientes, también apoyaron la moción de archivo.
Postura del Partido Social Cristiano
Vicente Taiano, jefe de la bancada del PSC, fue especialmente crítico al señalar que el proyecto tenía un trasfondo de persecución. “Pierdan el miedo y digan lo que se dice en los pasillos: que esta ley es persecución. Díganlo, no lo callen”, expresó Taiano.
Taiano también cuestionó el enfoque del oficialismo al intentar justificar la propuesta con una tabla sobre la progresividad de los impuestos en la comercialización de vehículos usados. “Impuesto es impuesto, camuflado o no”, sentenció.
Respuesta del oficialismo
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, representante del oficialismo, defendió el proyecto y aseguró que la Asamblea no estaba facultada para negar y archivar una ley económica urgente, según lo estipulado en la Constitución. Sin embargo, Peñafiel argumentó su posición basándose en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la moción contó con el respaldo necesario para proceder.
Farinango negó además las acusaciones de que el proyecto buscara imponer nuevos impuestos y calificó como falsas las afirmaciones sobre una supuesta persecución.
¿Qué sigue para el Ejecutivo?
Con el archivo de la ‘Ley Antipillos’, el presidente Noboa enfrenta un revés político significativo, ya que este proyecto era uno de los pilares de su agenda legislativa para combatir el lavado de activos y optimizar la recaudación fiscal.
Sin embargo, la otra propuesta enviada como económica urgente, la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador, sigue su curso en la Asamblea.
Avances de la Ley para el Alivio Financiero
Este segundo proyecto, también presentado por el Ejecutivo, tuvo mejor recepción en la Asamblea. Luego de escuchar los argumentos de la presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, la titular de la Asamblea, Viviana Veloz, ordenó que la norma regrese a la comisión para que se elabore el informe para segundo debate.
Aunque recibió críticas de la bancada de Revolución Ciudadana, que considera que el proyecto sigue siendo incompleto, no se descartó la posibilidad de ajustes que permitan su aprobación en el futuro.
El archivo de la ‘Ley Antipillos’ evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, donde las diferencias ideológicas y políticas están marcando el ritmo legislativo. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa deberá replantear su estrategia para lograr consensos y avanzar con su agenda en un escenario político altamente fragmentado.
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