La iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente, planteada por el presidente Daniel Noboa durante su campaña, está generando serias dudas en el escenario político y jurídico ecuatoriano. Si bien fue uno de los pilares discursivos con los que obtuvo apoyo ciudadano, hoy su ejecución parece más riesgosa que provechosa, tanto para su gobierno como para la estabilidad institucional del país.
Expertos constitucionales y analistas políticos han advertido que avanzar con esta propuesta significaría abrir un proceso complejo, largo y costoso, que podría generar efectos contrarios a los que se busca corregir con una nueva Constitución.
Un camino tortuoso: tres procesos electorales y una Corte vigilante
Según lo establecido por la Corte Constitucional, para instalar una Constituyente es necesario pasar por al menos tres etapas electorales:
- Solicitud de calificación: El Ejecutivo debe presentar a la Corte un escrito justificando que las reformas parciales no son suficientes para resolver los problemas estructurales del país.
- Referéndum para habilitación: Si la Corte acepta el pedido, el siguiente paso es someter al voto popular una pregunta directa sobre si se aprueba o no la convocatoria a la Constituyente.
- Elección de constituyentes y aprobación de la nueva Carta Magna: Luego, se eligen los miembros del órgano constituyente, quienes redactarán la nueva Constitución. Finalmente, esta debe ser aprobada en una tercera consulta popular.
Todo este procedimiento podría tardar al menos un año y medio, lo cual representa un desgaste político significativo para un gobierno que busca iniciar su segundo periodo con fuerza y legitimidad.
Los riesgos de abrir la caja de Pandora
Uno de los mayores temores es que, en lugar de consolidar un nuevo marco institucional, la Constituyente termine siendo copada por fuerzas políticas como el correísmo, que podrían utilizar este espacio para desestabilizar al Ejecutivo o retomar el control de instituciones claves.
La falta de garantías sobre quién controlará la Constituyente convierte a esta herramienta en un arma de doble filo. Nada asegura que el grupo que impulsa la iniciativa será el mismo que la dirija, redacte el texto o influya sobre los temas fundamentales.
La sombra del pasado y la amenaza de futuras refundaciones
El precedente de la Constituyente de 2007, impulsada por Rafael Correa, aún pesa sobre la política ecuatoriana. Aquella experiencia desembocó en una concentración del poder y la creación de instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que muchos hoy califican de ineficiente y politizado.
De repetirse el modelo, se corre el riesgo de abrir la puerta a futuros líderes con aspiraciones refundacionales que apelen a este mismo mecanismo para imponer nuevas cartas políticas cada cierto tiempo, perpetuando el ciclo de inestabilidad.
Costos económicos y desconfianza de los mercados
A más del costo político, instalar una Constituyente tendría un impacto económico considerable. Tres elecciones nacionales implican un gasto millonario para el Estado, en momentos donde la economía necesita ajustes fiscales y confianza externa.
Además, los mercados financieros suelen responder con nerviosismo a escenarios de incertidumbre institucional. El anuncio de una Asamblea Constituyente, en lugar de atraer inversión, podría provocar fuga de capitales o pérdida de competitividad, afectando directamente la reactivación económica que tanto necesita el país.
¿Qué alternativa tiene el Gobierno?
En lugar de insistir en la Constituyente, el gobierno de Noboa podría aprovechar su posible mayoría legislativa para promover reformas parciales desde la Asamblea Nacional. Estas reformas podrían abarcar temas prioritarios como la reestructuración del CPCCS, la depuración del sistema judicial y la lucha contra la corrupción.
Este camino, aunque más lento, cuenta con mayor seguridad jurídica, respaldo institucional y menor riesgo de abrir grietas políticas que podrían ser aprovechadas por actores antagónicos al gobierno.
¿Conveniencia o trampa política?
La propuesta de una Asamblea Constituyente, aunque legítima como oferta de campaña, aparece hoy como una trampa política que podría complicar la gobernabilidad de Daniel Noboa y someter al Ecuador a una etapa de profunda inestabilidad. Los análisis apuntan a que mantener esta promesa podría costarle caro al país, y a su propio gobierno.
Renunciar estratégicamente a la iniciativa, o al menos ponerla en pausa indefinida, parece la opción más sensata. La historia reciente demuestra que los procesos constituyentes no siempre terminan fortaleciendo las democracias; a veces, las debilitan aún más.
Fuente:
Expreso
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