Un cooperador eficaz revela cómo habría operado la presunta red de desvío de combustibles subsidiados
Investigación sobre el denominado Caso Triple A expone el funcionamiento de una presunta red que durante años habría aprovechado combustible subsidiado destinado a los ecuatorianos para alimentar un negocio millonario fuera de la normativa vigente.
La pieza clave del caso es el testimonio del cooperador eficaz José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de las empresas investigadas vinculadas al alcalde de Guayaquil Aquiles A. Avellán describió una estructura integrada por operadores empresariales, exfuncionarios del sector hidrocarburífero y compañías vinculadas al negocio de combustibles.
Según su relato, uno de los principales operadores habría sido César B. I., conocido como «El Maestro», exdirector de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y exviceministro de Hidrocarburos. Su papel habría consistido en proporcionar el conocimiento técnico y regulatorio necesario para ejecutar el esquema, evitar sanciones y garantizar que la operación pudiera mantenerse en funcionamiento. Además habría recibido el 20% de participación en las empresas Copedesa y Copemarket.
La investigación también señala que Luis Jorge M. V., exfuncionario de alto rango de la ARCH, habría recibido pagos mensuales de USD 30.000 para omitir controles e inspecciones. Registros digitales revelarían coordinaciones permanentes destinadas a evitar la intervención de los organismos de control.
Millones de galones desviados
Peritajes informáticos identificaron un presunto desvío masivo de combustibles subsidiados desde el segmento automotriz hacia actividades industriales y navieras.
Entre las compañías involucradas aparecen:
- FUELCORP S.A.
- GASGRUPCO S.A.
- GASQUIL S.A.
- INDUDIESEL
- CORPALUBRI
- TERNAPE S.A.
redireccionados hacia sectores que no correspondían a su destino original.
Facturas sin placas, registros repetidos y ventas imposibles
Las irregularidades también alcanzan a varias estaciones de servicio fronterizas afiliadas a COPEDESA.
Los registros analizados muestran facturas emitidas sin placas vehiculares, miles de transacciones utilizando una misma placa para la compra simultánea de gasolina y diésel, e incluso ventas de combustible a maquinaria pesada que físicamente no podía ingresar a las estaciones de servicio por las dimensiones de sus instalaciones.
Todo esto habría ocurrido mientras la comercializadora mantenía la obligación de supervisar que el combustible entregado por EP Petroecuador no fuera desviado dentro o fuera del país. Con un perjuicio estimado en USD 62 millones para el Estado ecuatoriano, el Caso Triple A se consolida como una de las investigaciones más relevantes sobre combustibles subsidiados y presunta corrupción en los últimos años.
