- El CNE reporta 21.130 candidaturas en firme para las elecciones seccionales.
- De 96 impugnaciones presentadas, ya se resolvieron 88 y quedan 8 pendientes.
- Más de 53.000 aspirantes se inscribieron inicialmente hasta el 17 de agosto.
- La lista definitiva de candidatos debe cerrarse antes del 9 de noviembre.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que, hasta las 11:42 del 15 de septiembre de 2026, ya existen 21.130 candidaturas en firme para las próximas elecciones seccionales, un avance significativo frente a los más de 53.000 aspirantes que se habían inscrito inicialmente hasta el 17 de agosto, antes de que el organismo depurara la lista mediante la resolución de impugnaciones y verificaciones de requisitos.
Cómo se reparten las candidaturas en firme
Del total de candidaturas ya validadas, 699 corresponden a aspirantes a alcaldías, 91 a prefecturas y viceprefecturas, y la mayoría se concentra en cargos de representación local: 2.078 concejales rurales, 2.814 concejales urbanos, 924 concejales por circunscripción y 14.524 aspirantes a juntas parroquiales, el nivel de gobierno local con mayor cantidad de dignidades en disputa en todo el país.
96 impugnaciones, la mayoría ya resueltas
El proceso de depuración de candidaturas incluyó 96 impugnaciones presentadas por distintas organizaciones políticas ante el CNE, de las cuales 88 ya fueron resueltas y apenas 8 permanecen pendientes de resolución. El presidente del organismo, José Cabrera, recordó que las organizaciones políticas «tienen derecho a poner todos los recursos electorales posibles» para sustentar sus impugnaciones, un mecanismo que en este proceso ya dejó fuera de la contienda a candidaturas como la de Luisa González, descalificada para la Prefectura de Manabí por la organización Pachakutik.
Un reto logístico de gran escala
Más allá de la validación de candidaturas, el CNE avanza en paralelo en la organización logística del proceso: hasta el momento, 285.509 personas integran las Juntas Receptoras del Voto en todo el país, de las cuales apenas el 40,86% ha sido notificado por canales electrónicos y un 17,64% de forma presencial. Las capacitaciones a estos miembros, clave para garantizar un proceso de votación sin errores, solo habían avanzado un 13,3% hasta el 14 de septiembre, un ritmo que el organismo deberá acelerar considerablemente antes de la jornada electoral.
El plazo crítico para el proceso es el 9 de noviembre, fecha en la que el CNE debe entregar la lista definitiva de candidatos habilitados para imprimir las papeletas de votación. Ese cierre de calendario deja apenas unas semanas para resolver las últimas impugnaciones pendientes y completar tanto las notificaciones como las capacitaciones a los miembros de mesa a nivel nacional.
El avance en la validación de candidaturas ocurre en paralelo a otros procesos judiciales y políticos que también concentran la atención pública, como el que enfrenta Daniel Salcedo con cinco cargos penales en Estados Unidos o la investigación sobre la firma ligada a la vicepresidenta Pinto por liquidaciones irregulares, procesos que corren de forma independiente al calendario electoral pero que forman parte del mismo escenario político de cara a noviembre.
El CNE insiste en que el ritmo de resolución de impugnaciones —88 de 96 casos ya cerrados— demuestra que el sistema de control de requisitos funciona dentro de los plazos previstos, aunque organizaciones de observación electoral piden mayor transparencia sobre los criterios usados para descalificar candidaturas como la de Manabí. Para esas organizaciones, publicar de forma más detallada los fundamentos de cada resolución ayudaría a reducir la percepción de arbitrariedad que suele acompañar este tipo de decisiones en procesos electorales reñidos a nivel local.
El calendario electoral no deja margen para demoras adicionales: entre la resolución de las últimas impugnaciones, la impresión de papeletas y la capacitación completa de casi 300.000 miembros de mesa, el CNE tiene menos de dos meses para cerrar todos los frentes logísticos antes del 29 de noviembre, la fecha fijada para que millones de ecuatorianos elijan a sus nuevas autoridades locales.









