El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 26 de abril de 2026 la eliminación de la organización política Unidad Popular. Por este motivo, la sesión estuvo marcada por fuertes tensiones y desacuerdos internos entre los consejeros. El organismo sostiene que el partido no cumplió con el mínimo de afiliados que exige la ley. De esta manera, la agrupación quedaría fuera de los próximos comicios, a menos que un tribunal superior decida lo contrario.
Cuestionamientos sobre los plazos legales
En primer lugar, la resolución ocurre en un escenario complejo por el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre de 2026. Por esta razón, varios expertos jurídicos advierten que el CNE habría superado los plazos permitidos por el Código de la Democracia. Además, se señala que cualquier eliminación debe resolverse al menos 120 días antes de la convocatoria a elecciones. En consecuencia, la validez de esta decisión ha sido puesta en duda por figuras como la consejera suplente María Cristina Kronfle.
El papel del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
Por otro lado, la cancelación todavía no es definitiva. Para lograrlo, Unidad Popular puede interponer un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Asimismo, será esta instancia la que determine si la resolución del CNE fue legal o si se vulneró el debido proceso. Por lo tanto, el tablero político nacional se mantiene en incertidumbre mientras otras agrupaciones avanzan en sus alianzas y candidaturas para noviembre.
Reconfiguración de las elecciones de 2026
Finalmente, la posible salida de Unidad Popular cambia las estrategias de las organizaciones de izquierda en el país. En particular, el proceso electoral del 29 de noviembre de 2026 se ve afectado por estos movimientos administrativos de última hora. En resumen, el TCE tiene ahora la responsabilidad de ratificar o rechazar la eliminación del partido. En definitiva, esta disputa legal definirá qué voces podrán participar en las urnas durante el cierre de este año.
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