Los Comuneros de Santa Elena preparan acciones legales para detener la construcción de la controvertida ‘Cárcel del Encuentro’, proyecto impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa. Alegan que se está legitimando el despojo de tierras y se amenaza un bosque primario.
Rueda de prensa y rechazo comunitario
El Comité Permanente de los Derechos Humanos (CDH) se unió a ciudadanos de Bajada de Chanduy y Junta del Pacífico en una conferencia de prensa el 27 de junio de 2024 para expresar su firme oposición a la prisión de máxima seguridad, cuya construcción comenzó recientemente.
Telmo Jaramillo, abogado de las comunidades afectadas, destacó la antigüedad de estas comunidades, como Bajada de Chanduy, cuyo título de propiedad data del año 1560. Criticó el movimiento incorrecto de linderos por parte del Ministerio de Agricultura, que situó el ecosistema primario conocido como ‘La Envidia’ en el área destinada para la cárcel.
Conflictos legales y reclamos constitucionales por los Comuneros
Jaramillo denunció que el proyecto vulnera la Constitución al legitimar el despojo de tierras comunales y que las comunidades afectadas han sido ignoradas por las autoridades gubernamentales a pesar de presentar documentación desde enero.
Donald Cabrera, representante de Bajada de Chanduy, acusó al Gobierno de mentir sobre la propiedad de los terrenos y criticó la falta de atención a sus reclamos.
Medidas cautelares y preocupaciones ambientales
El colectivo anunció su intención de presentar una medida cautelar para detener el proyecto, enfatizando las preocupaciones ambientales y culturales. El CDH señaló que la zona alberga una rica biodiversidad y restos arqueológicos de culturas ancestrales, subrayando la falta de consulta previa y la ausencia de informes de impacto ambiental y arqueológico.
Proyecto gubernamental y respuesta oficial
El Gobierno ha justificado la construcción de la prisión de máxima seguridad en Juntas del Pacífico como parte de un plan para fortalecer la seguridad nacional, con una inversión significativa de $52 millones. El presidente Noboa comparó el proyecto con prisiones similares en El Salvador, argumentando que disuadirá a potenciales delincuentes.
El conflicto entre las comunidades de Santa Elena y el Gobierno persiste, marcado por disputas legales, reclamos constitucionales y preocupaciones ambientales y culturales. La decisión sobre la ‘Cárcel del Encuentro’ no solo determinará el destino de un proyecto controvertido, sino también el equilibrio entre el desarrollo infraestructural y la protección de derechos fundamentales en Ecuador.
Te puede interesar:
La Asociación Mundial de Juristas y el respaldo al estado de excepción en Ecuador
