- La resolución JPRFM-2026-048-T de la Junta Financiera autoriza a emisores contratar seguros contra fraudes.
- La normativa prohíbe de forma tajante trasladar el valor de las pólizas a los clientes en comisiones o pagos anuales.
- Las instituciones financieras deberán asumir el costo operativo íntegro de la cobertura contratada.
- Se refuerzan las medidas de ciberseguridad, autenticación multifactor y plazos de restitución de fondos no autorizados.
- Especialistas en derecho financiero destacan que la medida fortalece la certidumbre en las compras electrónicas.
Las entidades bancarias y demás emisores de tarjetas de crédito y débito en Ecuador quedaron facultados para contratar seguros contra fraudes o estafas digitales con el fin de respaldar las devoluciones a sus clientes, pero la normativa prohíbe expresamente trasladar el costo de dichas pólizas a los tarjetahabientes.
Para ampliar el contexto informativo de esta sección, consulte el desarrollo de inversiones transparentes y dinamización del sector productivo.
Normativa sobre la contratación de seguros contra fraudes
Para mayor información documental, revise los resoluciones oficiales de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
La disposición consta en la resolución JPRFM-2026-048-T, expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. El instrumento legal introduce reformas sustanciales al artículo 31 de la codificación de resoluciones monetarias y financieras, estableciendo un marco regulatorio moderno para mitigar las pérdidas patrimoniales derivadas de transacciones no consentidas, clonación de plásticos, robo de identidad o vulneraciones en canales virtuales de banca electrónica.
El texto normativo aclara que la contratación de seguros contra fraudes es una potestad potestativa de la institución bancaria o cooperativa emisora para amortiguar el impacto financiero de las compensaciones a los usuarios afectados. No obstante, la resolución puntualiza que bajo ningún concepto las entidades del sistema financiero nacional podrán cobrar tarifas accesorias, recargos de renovación ni cuotas encubiertas en el costo de membresía anual por este concepto.
Esto significa que las instituciones del sistema bancario y crediticio deberán asumir de manera exclusiva el valor total de las primas de seguros, sin posibilidad de crear productos atados o condicionados que representen desembolsos no solicitados por los cuentahabientes. Analistas del sector financiero explican que esta disposición delimita con precisión la responsabilidad operativa entre el proveedor de servicios de pago y el cliente, obligando a los bancos a optimizar sus sistemas de prevención de riesgos antes que trasladar contingencias al consumidor final.
Especialistas en derecho bancario subrayan que la resolución complementa los preceptos de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, consagrando el principio de que los riesgos asociados a fallas tecnológicas inherentes al servicio financiero corresponden al operador del negocio y no a quien deposita su confianza y patrimonio en el sistema.
Ciberseguridad y protección de los consumidores
Consulte más reportes y análisis técnicos en los normas de control y derechos de usuarios de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
La resolución también refuerza las obligaciones técnicas de las instituciones emisoras en materia de monitoreo transaccional en tiempo real. Los bancos deberán implementar sistemas avanzados de detección de patrones atípicos de consumo y requerir mecanismos de autenticación reforzada, como biometría o claves dinámicas de un solo uso (OTP), para validar operaciones realizadas en plataformas de comercio electrónico nacionales e internacionales.
Asimismo, se fijan plazos perentorios y procedimientos expeditos para que las áreas de reclamos atiendan las denuncias de transacciones desconocidas y procedan con la acreditación provisional o definitiva de los valores reclamados mientras se sustancia el análisis técnico del incidente reportado por el titular de la cuenta.
Gremios de usuarios y organizaciones de defensa del consumidor valoraron positivamente la reforma, indicando que el comercio digital requiere estándares de seguridad robustos donde los seguros contra fraudes funcionen como garantías institucionales que fortalezcan la confianza ciudadana en los medios de pago electrónicos y dinamice la economía formal.
Representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y cooperativas de ahorro y crédito manifestaron su compromiso de adecuar sus contratos de emisión a los nuevos requerimientos normativos dentro de los plazos otorgados por el organismo regulador, garantizando la continuidad y solvencia de los servicios de pago en todo el territorio nacional.
Por su parte, delegados de las asociaciones bancarias recalcaron que los programas de capacitación continua a los usuarios sobre ciberseguridad, detección temprana de phishing y custodia responsable de credenciales bancarias complementarán las coberturas de los seguros contra fraudes para blindar las transacciones cotidianas en todo el sistema financiero del país.
