- Informes éticos revelaron compras de acciones de Nvidia por parte de Donald Trump antes de cambios regulatorios.
- La operación financiera osciló entre uno y cinco millones de dólares a través de vehículos de inversión fiduciarios.
- Días después de las adquisiciones, el Departamento de Comercio flexibilizó normativas sobre licencias de microchips.
- Comisiones de ética del Congreso estadounidense exigieron revisar posibles conflictos de interés en el Ejecutivo.
- Representantes legales del mandatario aseguraron que las carteras bursátiles son administradas de forma ciega.
Nuevas declaraciones patrimoniales presentadas ante los organismos de ética gubernamental de Estados Unidos revelaron que el mandatario Donald Trump adquirió entre 1 millón y 5 millones de dólares en acciones de Nvidia pocos días antes de que su administración anunciara la flexibilización de ciertas restricciones comerciales impuestas a la exportación de semiconductores avanzados. La revelación generó una intensa controversia en Washington en torno a la transparencia en las transacciones bursátiles de altos funcionarios y reavivó los debates legislativos sobre el uso de información privilegiada.
Operaciones financieras y compras de acciones de Nvidia
De acuerdo con los formularios de divulgación periódica procesados por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), las compras se ejecutaron en tramos escalonados a través de fideicomisos administrados por entidades fiduciarias independientes. No obstante, legisladores del comité de supervisión señalaron que la coincidencia temporal entre las adquisiciones de acciones de Nvidia y la emisión de directrices del Departamento de Comercio que facilitan el suministro de procesadores gráficos modificados a clientes del mercado asiático amerita una indagación rigurosa.
Durante la misma semana en que se formalizaron las órdenes de compra en los mercados secundarios, el gobierno estadounidense emitió una aclaración regulatoria que permitía a Nvidia comercializar versiones adaptadas de sus chips de arquitectura previa sin necesidad de obtener licencias individuales extraordinarias. La medida provocó un repunte inmediato en la cotización bursátil de la compañía en Wall Street, incrementando el valor patrimonial de las tenencias en decenas de millones de dólares.
Esta situación corporativa coincide con la reciente crisis corporativa en Nvidia derivada de los relevos en su cúpula directiva y las presiones de los fondos institucionales por clarificar las perspectivas de ingresos a mediano plazo.
Asimismo, asesores parlamentarios recordaron que las comisiones de valores bursátiles mantienen bajo la lupa las fechas exactas de liquidación de opciones sobre acciones vinculadas a directivos corporativos, asegurando que cualquier asimetría informativa sea penalizada con rigor conforme a las directrices de los mercados de capitales estadounidenses.
Cuestionamientos en el Congreso y respuesta legal
Miembros del comité judicial de la Cámara de Representantes adelantaron que solicitarán un requerimiento formal de información para examinar los registros de comunicaciones entre los asesores económicos de la Casa Blanca y los gestores patrimoniales encargados de los portafolios del presidente. Analistas de ética pública subrayaron que, aunque los mandatarios gozan de ciertas exenciones frente a la ley general de conflictos de interés, la compra de títulos en empresas directamente impactadas por decretos del Ejecutivo deteriora la confianza pública en las instituciones.
Por su parte, los asesores jurídicos del expresidente y actual mandatario reiteraron que todas las operaciones financieras se canalizan bajo la modalidad de fideicomisos ciegos gestionados por profesionales bancarios independientes, quienes toman decisiones de asignación de activos sin consultar ni recibir directrices estratégicas de sus beneficiarios.
Portavoces oficiales de la Nvidia Corporation declinaron emitir comentarios sobre las transacciones individuales de inversionistas privados, recalcando que la firma interactúa con las autoridades federales a través de canales institucionales regulados y transparentes en estricto apego a las leyes de comercio internacional.
El escrutinio sobre las inversiones de Trump se intensificó tras conocerse que comités de auditoría del Congreso preparan audiencias públicas para evaluar la necesidad de modernizar los sistemas de reporte en línea de la Casa Blanca, buscando reducir el margen de discrecionalidad en las operaciones financieras de los ocupantes del Despacho Oval.
Inversionistas institucionales en Nueva York señalaron que las oscilaciones accionarias derivadas de anuncios arancelarios sorpresivos aumentan la prima de riesgo en el sector tecnológico, forzando a los gestores de fondos a adoptar coberturas financieras más costosas ante la volatilidad de la política comercial federal.
Debate sobre la regulación bursátil en el poder público
El episodio reavivó el debate sobre la Ley STOCK (Stop Trading on Congressional Knowledge), norma que prohíbe el uso de datos no públicos para beneficio bursátil pero cuya efectividad ha sido cuestionada por la lentitud de sus mecanismos de notificación y las multas simbólicas que contempla ante omisiones de plazo.
Diversos centros de estudios constitucionales han propuesto establecer una prohibición total para que los presidentes, vicepresidentes y miembros del gabinete puedan poseer acciones individuales en empresas cotizadas, obligándolos a transferir todo su patrimonio líquido a fondos indexados de amplia diversificación.
De acuerdo con la cobertura analítica publicada por Infobae, las revelaciones sobre las participaciones de Trump en el gigante del silicio amenazan con convertirse en un punto de fricción política central durante las próximas audiencias presupuestarias en el Capitolio.
