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Neira expone a 20 empresas de medio voltaje y pide intervención policial

José Julio Neira en rueda de prensa sobre inspecciones al sistema eléctrico nacional
3 min de lectura
  • Se identificó a 20 industrias que incumplieron la orden de autogeneración eléctrica obligatoria.
  • Las empresas continuaron demandando megavatios de la red durante los horarios de restricción.
  • El delegado gubernamental solicitó respaldo inmediato de la Policía Nacional y FF.AA.
  • Las desconexiones forzosas buscan preservar la reserva hídrica de los embalses nacionales.

El delegado del Gobierno nacional para la supervisión del sector eléctrico, José Julio Neira, expuso públicamente este 15 de octubre de 2026 a 20 empresas e industrias de medio voltaje que continúan consumiendo energía del Sistema Nacional Interconectado (SNI) durante las ventanas horarias de desconexión obligatoria, solicitando la intervención inmediata de la fuerza pública para ejecutar su corte técnico.

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Incumplimiento de normativas y presión sobre el parque de generación

Durante su pronunciamiento, el funcionario explicó que las inspecciones telemáticas y las lecturas de telemetría de las empresas distribuidoras comprobaron que estas unidades productivas omitieron encender sus generadores térmicos propios de emergencia, drenando valiosos megavatios de la red pública en momentos en que la cota de los embalses hidroeléctricos del Austro enfrenta condiciones críticas de estiaje.

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Neira señaló que no se tolerarán privilegios ni desacatos a las directrices emitidas por el Ministerio de Energía y Minas. «Hemos identificado con nombre, medidor y ubicación satelital a las 20 industrias que se negaron a acatar la disposición. Pedimos formalmente el auxilio de la Policía Nacional para garantizar el ingreso de las cuadrillas técnicas y bajar las palancas de alimentación de forma inmediata», aseveró con firmeza.

La situación de la red eléctrica nacional se vincula directamente a contingencias climáticas y operativas, como se analiza en la cobertura sobre el impacto de fenómenos climáticos extremos y gestión de emergencias. La vulnerabilidad hídrica exige disciplina estricta de todos los actores económicos.

Acciones legales y sanciones contempladas en la normativa

Las autoridades informaron que las empresas infractoras enfrentarán expedientes sancionatorios con multas económicas severas y la suspensión temporal del servicio, con base en los decretos ejecutivos vigentes bajo el estado de excepción para el sector energético. De acuerdo con informes técnicos del CENACE y directrices del Ministerio de Energía y Minas, la desconexión efectiva de estas industrias liberará más de 42 megavatios de potencia, aliviando la sobrecarga sobre los circuitos residenciales.

El Gobierno ratificó que las inspecciones continuarán las 24 horas del día con brigadas mixtas en los parques industriales de Guayaquil, Quito, Cuenca, Durán y Ambato para verificar el estricto cumplimiento del plan de ahorro energético.

Supervisión operativa y balance del sistema eléctrico

El plan de contingencia implementado por el Ejecutivo establece que los grandes consumidores industriales deben asumir la cobertura de su demanda en los horarios de mayor estrés del sistema mediante autogeneración con diésel o fuel oil, recibiendo compensaciones tarifarias reglamentadas. No obstante, la evasión detectada en estas 20 instalaciones fabriles provocó caídas de tensión imprevistas en alimentadores que abastecen a centros hospitalarios y barrios residenciales adyacentes.

Neira recalcó que los operativos coordinados con el mando policial incluirán la colocación de sellos de seguridad en los tableros de medición para evitar reconexiones clandestinas. Los representantes legales de las empresas infractoras serán notificados con cargos administrativos que podrían derivar en responsabilidades penales por desacato en estado de excepción.

El comité de crisis energética del Gobierno sesionará diariamente para evaluar el impacto de estas intervenciones forzosas, reiterando el llamado al sector privado para actuar con corresponsabilidad cívica frente a la emergencia climática que atraviesa la nación.

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