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Panamá acumula un déficit fiscal de 3.387 millones al cierre de agosto

Edificio sede del Ministerio de Economía y Finanzas en el centro de Ciudad de Panamá
4 min de lectura
  • El déficit del Sector Público No Financiero se situó en USD 3.387 millones a agosto.
  • La recaudación tributaria neta cayó 598 millones respecto a las metas aprobadas.
  • El pago por intereses de la deuda pública consumió el 34% de los ingresos corrientes.
  • El gobierno alista reformas de contención del gasto para sostener la nota crediticia.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó su balance consolidado de ejecución presupuestaria al octavo mes del año, reportando que el déficit fiscal en Panamá correspondiente al Sector Público No Financiero se elevó hasta los USD 3.387 millones. El desequilibrio en las cuentas públicas refleja una compleja coyuntura caracterizada por el debilitamiento de los ingresos corrientes, la caída en los tributos corporativos y el peso creciente del servicio de la deuda soberana en los mercados internacionales.

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Desempeño de la recaudación y factores de rigidez presupuestaria

De acuerdo con el informe oficial divulgado este 17 de octubre de 2026, los ingresos corrientes totales alcanzaron USD 4.218 millones entre enero y agosto, evidenciando una disminución del 12,4% en comparación con el mismo ciclo del ejercicio fiscal anterior. Los renglones más impactados fueron el impuesto sobre la renta aplicado a empresas, el arancel a las importaciones y las tasas de registro en la Zona Libre de Colón, como consecuencia de un menor dinamismo en las operaciones de reexportación regional.

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En el plano del gasto, el gobierno panameño ejecutó erogaciones por un total de USD 7.605 millones en el período analizado. Este desembolso estuvo condicionado por la rigidez de los salarios en el sector público, los programas de compensación tarifaria en el transporte metropolitano y, de manera primordial, el pago de intereses de bonos y préstamos bancarios, rubro que absorbió más de USD 1.450 millones durante los primeros ocho meses del año fiscal.

Para revisar otros acontecimientos vinculados a la administración pública y el contexto macroeconómico exterior, consulte también la cobertura sobre las dinámicas sociales y económicas en el ámbito internacional.

Plan de consolidación y revisión de subsidios estatales

El equipo económico del Ejecutivo prepara un proyecto de ley para reformar el marco de responsabilidad fiscal, procurando flexibilizar las metas anuales sin perder la confianza de las agencias calificadoras de riesgo crediticio que evalúan el grado de inversión del país. El plan contempla el congelamiento de vacantes en el aparato burocrático, la reducción de viáticos para funcionarios y una revisión exhaustiva de las transferencias a los combustibles y al gas licuado de petróleo.

Analistas del sector financiero panameño destacaron que la salida definitiva de las operaciones mineras metálicas a finales de 2023 restó un importante flujo de regalías e impuestos directos, obligando al Ministerio de Economía a recurrir a colocaciones de deuda en condiciones financieras más onerosas debido a las elevadas tasas de interés internacionales.

Asimismo, la Dirección General de Ingresos implementará un sistema reforzado de trazabilidad electrónica y control aduanero para combatir el contrabando de mercancías y mejorar los índices de cumplimiento de los contribuyentes especiales en las provincias centrales.

El programa de ajuste estructural incluye igualmente mesas de trabajo técnico con el Banco Interamericano de Desarrollo para optimizar la calidad del gasto social en salud y educación primaria, evitando redundancias en la ejecución presupuestaria de las entidades descentralizadas.

Los reportes detallados sobre la ejecución presupuestaria y los indicadores de deuda pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y en las evaluaciones regionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional.

El gobierno de Panamá reafirmó que protegerá las partidas presupuestarias orientadas a la construcción de acueductos comunitarios, centros de salud y modernización de caminos de penetración agrícola, asegurando que las medidas de contención no frenen la reactivación del empleo productivo en los sectores vulnerables.

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