La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, afirmó que la institución enfrenta daños estructurales acumulados durante los últimos 15 años. A 70 días de asumir el cargo, aseguró que los principales desafíos incluyen el déficit de jueces, el rezago tecnológico, la falta de inversión y el riesgo de prescripción de cientos de procesos disciplinarios.
La funcionaria señaló que el sistema judicial atraviesa una etapa compleja. Sin embargo, sostuvo que ya se ejecutan acciones para fortalecer la administración de justicia y evitar nuevos casos de impunidad.
Mercedes Caicedo describe el estado de la Judicatura
Mercedes Caicedo indicó que recibió un Consejo de la Judicatura con problemas estructurales. Por ello, durante los primeros días de gestión solicitó a la Contraloría un examen especial sobre determinadas actividades administrativas.
Además, explicó que el organismo presenta un retraso acumulado en procesos fundamentales. Recordó que el último concurso de jueces se realizó en 2015 y que desde 2021 no se ha renovado la Corte Nacional de Justicia.
Según la presidenta, esta situación evidencia un prolongado abandono institucional que no puede resolverse en pocos meses.
Retraso tecnológico y falta de inversión
Entre las principales necesidades identificadas figura la modernización tecnológica.
Caicedo explicó que la digitalización de expedientes continúa siendo un desafío pendiente. Asimismo, señaló que el sistema SATJE requiere una actualización para evolucionar hacia una versión 2.0.
También manifestó que gran parte de la infraestructura informática, el mobiliario y los vehículos tienen aproximadamente 15 años de uso.
En materia presupuestaria, sostuvo que la mayor parte de los recursos disponibles se destina al gasto corriente. Esto limita la inversión en proyectos de modernización y mejora institucional.
Pese a ello, indicó que el departamento de Tecnologías de la Información trabaja en el desarrollo interno del nuevo SATJE, con el objetivo de optimizar recursos y reducir costos.
La ejecución presupuestaria es una prioridad
La presidenta señaló que una adecuada ejecución presupuestaria será determinante para solicitar un incremento de recursos en los próximos años.
Según explicó, la administración encontró recursos sin ejecutar. Además, detectó que en algunas provincias las compras priorizaban insumos considerados poco relevantes frente a otras necesidades institucionales.
Por esa razón, aseguró que se revisa el uso de los recursos para garantizar inversiones orientadas al fortalecimiento del sistema judicial.
Procesos disciplinarios en riesgo de prescripción
Otro de los principales problemas identificados corresponde al régimen disciplinario.
Mercedes Caicedo informó que aproximadamente 88 procesos presentaban riesgo inmediato de prescripción. Además, existen cerca de 1.050 expedientes pendientes que podrían prescribir hasta diciembre de 2026.
La presidenta explicó que la falta de planificación permitió que varios procesos avanzaran sin una programación adecuada para evitar su vencimiento.
Frente a este escenario, el Consejo incrementó el número de sesiones plenarias. Actualmente se realizan entre cuatro y seis plenos semanales, la mayoría destinados exclusivamente al tratamiento de causas disciplinarias.
Casos relacionados con Purga, Plaga y Metástasis
Durante la entrevista, Mercedes Caicedo reconoció que varios expedientes vinculados con los casos Purga, Plaga y Metástasis prescribieron antes de su llegada a la institución.
La funcionaria señaló que esos procesos quedaron sin resolución administrativa debido a la falta de quórum para instalar sesiones del Pleno.
No obstante, indicó que la institución remitió la información tanto a la Fiscalía como a la Asamblea Nacional y solicitó un examen especial de la Contraloría para determinar posibles responsabilidades.
Asimismo, afirmó que no permitirá que nuevas causas disciplinarias prescriban durante su administración.
Investigación de posibles responsabilidades
La presidenta explicó que, cuando existan indicios de posibles conductas delictivas, el Consejo remitirá los antecedentes a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
Además, aseguró que se fortalecerán los controles internos para detectar oportunamente cualquier irregularidad cometida por servidores judiciales.
Según indicó, el objetivo es evitar nuevos casos de impunidad y garantizar mayor transparencia dentro de la Función Judicial.
Finalmente, Mercedes Caicedo reiteró que los problemas actuales son consecuencia de un proceso de varios años. En ese contexto, insistió en que 15 años de retraso y abandono en la Judicatura no pueden resolverse en apenas dos meses de gestión, aunque aseguró que ya se trabaja para recuperar la institucionalidad del sistema judicial.
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