El sistema cooperativo ecuatoriano enfrenta un escenario cada vez más desafiante. Los últimos datos sobre morosidad muestran un deterioro progresivo de la cartera crediticia en varias de las principales cooperativas del país, encendiendo alertas entre especialistas, autoridades y actores del sector financiero popular y solidario.
Las cifras correspondientes a abril de 2026 reflejan una realidad preocupante: mientras algunas entidades mantienen indicadores saludables de recuperación de créditos, otras registran niveles de mora que superan el 16%, evidenciando importantes diferencias en la gestión del riesgo financiero.
Este fenómeno ocurre en un contexto marcado por el aumento del sobreendeudamiento, la desaceleración económica en ciertos sectores productivos y las dificultades que enfrentan miles de microempresarios para cumplir con sus obligaciones financieras.
La morosidad muestra diferencias alarmantes entre cooperativas
Los datos del Segmento 1, donde se agrupan las cooperativas más grandes del Ecuador, revelan una dispersión significativa en los niveles de morosidad.
Mientras algunas entidades han logrado mantener controles eficientes sobre sus carteras de crédito, otras enfrentan dificultades crecientes para recuperar los préstamos otorgados a sus socios.
Según el análisis del abogado especializado en finanzas Ricardo Luna, la diferencia entre cooperativas con niveles de mora inferiores al 2% y aquellas que superan el 16% refleja realidades de gestión completamente distintas.
Entre las entidades con mayores índices de morosidad se encuentran la Cooperativa Policía Nacional con 16,13%, seguida por Calceta con 12,88%, Cooprogreso con 12,83%, 11 de Junio con 12,77% y Santa Rosa con 12,33%.
También aparecen Chimborazo, 9 de Octubre, Cotopaxi, 15 de Abril y Oscus, todas con niveles de incumplimiento superiores al 10%.
Para los especialistas, estos porcentajes ya no pueden considerarse casos aislados, sino señales de una presión estructural que afecta a una parte importante del sistema cooperativo.
El riesgo crediticio deja de ser un problema puntual
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es que la morosidad ya no se concentra únicamente en determinadas cooperativas o segmentos específicos.
La mayoría de las entidades del Segmento 1 registra indicadores que oscilan entre el 8% y el 12%, niveles que históricamente han sido considerados elevados dentro del sector financiero.
Este comportamiento evidencia que el problema trasciende circunstancias individuales y responde a factores más amplios relacionados con la capacidad de pago de los socios, la evaluación de riesgos y las condiciones económicas generales.
Los especialistas advierten que cuando una cooperativa supera el 10% de morosidad, resulta indispensable revisar los procesos de análisis crediticio, los mecanismos de cobranza y los sistemas de alerta temprana utilizados para prevenir incumplimientos.
Además, consideran necesario que las entidades con mejores resultados compartan experiencias y modelos de gestión que puedan servir como referencia para otras organizaciones del sistema.
El microcrédito se convierte en el segmento más vulnerable
Uno de los sectores donde el deterioro ha sido más evidente es el microcrédito, tradicionalmente utilizado por pequeños emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes.
Entre febrero de 2020 y marzo de 2025, la morosidad en este segmento pasó del 5,7% al 9,3%, lo que representa un incremento del 63%.
Detrás de este crecimiento existen múltiples factores económicos que afectan directamente a miles de negocios familiares y emprendimientos.
La recuperación económica desigual, la reducción del consumo, los problemas de liquidez y el incremento de costos operativos han complicado la situación financiera de numerosos microempresarios.
A ello se suma una tendencia preocupante: cada vez más personas utilizan nuevos préstamos no para expandir sus negocios, sino para mantener operaciones básicas o cubrir deudas anteriores.
Cuando el crédito deja de ser una herramienta de crecimiento y se convierte en un mecanismo de supervivencia, el riesgo de incumplimiento aumenta considerablemente.
El sobreendeudamiento cambia el comportamiento de los clientes
Los expertos sostienen que la morosidad ya no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del incumplimiento de pagos.
Actualmente, el comportamiento financiero de los clientes muestra señales de una mayor dependencia del crédito, tanto formal como informal.
Muchos hogares y pequeños negocios acumulan varias obligaciones simultáneamente, lo que reduce su capacidad de responder ante imprevistos económicos.
La proliferación de préstamos informales, las refinanciaciones constantes y el uso de créditos para cubrir gastos corrientes han generado una presión creciente sobre la capacidad de pago de miles de ecuatorianos.
Esta realidad obliga a las cooperativas a replantear sus modelos de evaluación de riesgos y a incorporar herramientas que permitan comprender mejor la situación financiera integral de sus socios.
La mora sigue creciendo en todo el sistema financiero
La tendencia observada en las cooperativas también se refleja en el conjunto del sistema financiero ecuatoriano.
Los indicadores muestran que la morosidad total pasó del 3,4% en 2020 al 4,5% en 2025.
Aunque durante la pandemia se implementaron mecanismos de alivio financiero que ayudaron a contener temporalmente los incumplimientos, la situación comenzó a cambiar a partir de 2022.
Con la finalización de muchas medidas de apoyo y una recuperación económica desigual entre sectores, los niveles de mora iniciaron una trayectoria ascendente que continúa hasta la actualidad.
Esta evolución plantea interrogantes sobre si el país enfrenta un problema temporal o una transformación más profunda en la dinámica del crédito y el endeudamiento.
Para diversos analistas, los datos sugieren que se trata de un fenómeno estructural que requerirá respuestas de largo plazo.
43 cooperativas han entrado en liquidación desde 2018
Otra señal de alerta proviene de los registros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Entre 2018 y 2026, un total de 43 cooperativas han ingresado en procesos de liquidación forzosa, reflejando las dificultades que enfrenta una parte del sector.
Cada liquidación implica el cierre de operaciones de una entidad financiera, afectando a socios, depositantes y comunidades enteras que dependían de sus servicios.
Las ciudades con mayor número de liquidaciones son Ambato, con 14 casos; Quito, con 8; Cuenca, con 5; y Guayaquil, con 4.
Las estadísticas muestran además que el número de liquidaciones aumentó significativamente después de 2022, manteniendo una tendencia que aún no presenta señales claras de desaceleración.
Tres factores explican el deterioro de algunas cooperativas
Los especialistas identifican tres elementos recurrentes detrás de los problemas financieros que enfrentan varias cooperativas ecuatorianas.
El primero es una gobernanza institucional débil, caracterizada por limitaciones técnicas en algunos órganos de administración y controles insuficientes sobre la gestión crediticia.
El segundo factor es la limitada capacidad de resistencia de ciertas cooperativas pequeñas y medianas frente a escenarios económicos adversos.
Cuando aumentan los niveles de morosidad o disminuye la actividad económica, muchas entidades carecen de reservas suficientes para absorber el impacto.
Finalmente, diversos actores del sector consideran que la supervisión regulatoria, en algunos casos, interviene cuando los problemas ya han alcanzado niveles significativos, reduciendo las posibilidades de una corrección temprana.
Un desafío para el futuro de la economía popular y solidaria
Las cooperativas representan uno de los pilares más importantes de la inclusión financiera en Ecuador. Millones de personas utilizan sus servicios para ahorrar, acceder a créditos y financiar actividades productivas.
Por ello, el aumento sostenido de la morosidad no solo constituye un problema para las entidades financieras, sino también para miles de socios y emprendedores que dependen de este sistema para desarrollar sus actividades económicas.
El reto para los próximos años será fortalecer los mecanismos de evaluación crediticia, mejorar la educación financiera de los usuarios y consolidar modelos de gestión que permitan mantener la sostenibilidad del sector sin restringir el acceso al financiamiento.
La evolución de los indicadores durante los próximos meses será determinante para evaluar si las cooperativas logran contener el deterioro o si el sistema deberá enfrentar desafíos aún mayores en materia de riesgo crediticio.
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