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Municipio de Quito compra autos de lujo para alcalde y concejales

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El Municipio de Quito ha realizado una significativa inversión en la adquisición de vehículos para el alcalde y los concejales de la ciudad, lo que ha generado una ola de reacciones tanto positivas como negativas. Esta compra incluye un auto de lujo para el alcalde Pabel Muñoz y 22 vehículos adicionales para los concejales, los cuales fueron entregados en un evento reservado el 13 de agosto de 2024.

Municipio de Quito

Vehículo de Lujo para el Alcalde Pabel Muñoz

El Municipio de Quito gastó 58,891 dólares en un SUV 4×4 de lujo, específicamente un Trailblazer Premier de la marca Chevrolet, modelo 2024, destinado al uso exclusivo del alcalde Pabel Muñoz. Este vehículo no solo está equipado con características de alta gama, sino que también incluye un contrato para el mantenimiento preventivo, cuyo costo es de 1,016.92 dólares adicionales, sin incluir el IVA. La empresa contratista encargada tiene un plazo de 30 días para entregar el nuevo vehículo, cuya adquisición ha sido objeto de escrutinio público.

Adquisición de vehículos para los Concejales

En paralelo a la compra del auto para el alcalde, el Municipio también adquirió 22 vehículos para los concejales de Quito, con un costo total de 657,226.26 dólares. La firma del contrato para la adquisición de estos vehículos se realizó el 4 de julio de 2024, con la participación de Katherine Santillán, en representación del alcalde Pabel Muñoz, y Santiago Vásconez, de la empresa contratista SVC-Services S.A.D, Aumekano Cia. Ltda. Cada uno de estos vehículos tiene un costo unitario de 25,753.38 dólares.

Además del costo de los vehículos, se contrató un servicio de mantenimiento preventivo por un valor de 30,821 dólares y se pagaron 59,830 dólares adicionales por repuestos. La entrega de los vehículos a los conductores de los concejales se realizó en un evento reservado en el Teatro Capitol.

Rechazo por parte de algunos Concejales

No todos los concejales estuvieron de acuerdo con la adquisición de los nuevos vehículos. Varios de ellos, incluyendo a Wilson Merino, Fidel Chamba y Bernardo Abad, rechazaron recibir los autos, argumentando que los políticos no deberían tener privilegios adicionales cuando la ciudad enfrenta otras prioridades más urgentes.

Wilson Merino, por ejemplo, señaló que los esfuerzos del Municipio deberían centrarse en mejorar el sistema de transporte público de Quito, calificando la movilidad como un derecho y no un privilegio. Fidel Chamba, por su parte, destacó la necesidad de ser coherente con su rol de fiscalizador de la calidad del gasto público, especialmente en una ciudad con tantas necesidades.

Justificación del Municipio

En respuesta a las críticas, la Dirección Administrativa del Municipio de Quito justificó la compra de los vehículos como una medida necesaria para reemplazar aquellos que ya han cumplido su vida útil, algunos de los cuales han estado en funcionamiento entre 12 y 22 años. Según la Dirección Administrativa, mantener estos autos obsoletos implicaba un gasto adicional significativo debido a las constantes reparaciones necesarias.

El Municipio informó que en 2023 se remataron 23 autos institucionales y que actualmente hay 26 vehículos adicionales que no cumplen con los parámetros de seguridad y funcionamiento adecuados. La adquisición de los nuevos vehículos se realizó a través de una subasta inversa, con un costo referencial de 657,226 dólares, pero finalmente se adjudicó por 479,600 dólares, lo que representó un ahorro de aproximadamente 178,000 dólares.

El Municipio de Quito ha señalado que, con esta compra, espera garantizar que los funcionarios municipales puedan realizar sus gestiones de manera segura y eficiente. Además, se planea seguir reemplazando los vehículos obsoletos de manera paulatina para cubrir todas las necesidades institucionales.

Este proceso de renovación de la flota vehicular municipal se enmarca en un contexto de optimización de recursos y mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por el Municipio, aunque no exento de controversia debido a la percepción pública sobre el uso de fondos para estos fines.

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