- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia define la suspensión condicional de la pena por cohecho.
- El expresidente Lenín Moreno y otros once sentenciados solicitaron no cumplir la pena privativa en prisión.
- La Fiscalía General del Estado se opone al beneficio argumentando la gravedad del perjuicio al Estado.
- El fallo determinará si se mantiene la orden de localización y captura internacional a través de Interpol.
Un Tribunal de Juicio de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) convocó para este 22 de septiembre de 2026 a la audiencia donde resolverá si concede o niega el pedido de suspensión condicional de la pena presentado por las defensas del expresidente de la República, Lenín Moreno, y otros once ciudadanos sentenciados por el delito de cohecho agravado en el denominado caso Sinohydro (anteriormente conocido como trama Ina Papers).
La diligencia judicial marcará un punto decisivo en la ejecución de las condenas dictadas en primera instancia, en las que el exmandatario fue hallado culpable como autor del delito y condenado a una pena de prisión, junto al pago proporcional de una millonaria indemnización por daños y perjuicios al Estado ecuatoriano. Los abogados defensores alegan que se cumplen los requisitos legales del Código Orgánico Integral Penal (COIP), argumentando que la condena no supera los límites máximos estipulados para dicho beneficio, la avanzada edad del procesado y su condición médica de discapacidad.
La postura contraria de la Fiscalía General del Estado
Por su parte, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado ratificaron su rotunda oposición a la concesión de este beneficio penitenciario. El Ministerio Público sostiene que el delito de cohecho en contrataciones estratégicas de infraestructura como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair generó un impacto económico y social lesivo para el país, por lo que una medida sustitutiva de libertad atentaría contra los principios de reparación y no impunidad.
Documentos procesales de la Corte Nacional de Justicia detallan que la trama delictiva canalizó más de 76 millones de dólares en sobornos a través de empresas fachada en paraísos fiscales, involucrando a familiares cercanos, exfuncionarios diplomáticos y contratistas chinos.
Estatus migratorio y alertas de Interpol
Actualmente, el expresidente Moreno reside en Asunción, Paraguay, desempeñándose como comisionado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para temas de discapacidad. Si el tribunal rechaza la suspensión condicional, la sentencia condenatoria quedará en firme para su ejecución coactiva, obligando a los jueces a reactivar las órdenes de difusión roja de Interpol para tramitar su eventual extradición.
Los abogados defensores de los once coprocesados argumentan que la jurisprudencia penal ecuatoriana ampara la suspensión condicional cuando no existen antecedentes penales previos y los sentenciados han mostrado colaboración procesal, aspecto rebatido por los acusadores particulares.
Expertos en derecho penal recuerdan que el cohecho contra la administración pública es imprescriptible conforme a la Constitución de la República, por lo que las penas privativas de libertad no se extinguen por la simple ausencia prolongada de los condenados en el país. La resolución de este caso sentará un precedente orientador para otros juicios de presunta corrupción en el sector público.
Los procesos judiciales contra altas figuras del poder político continúan siendo el centro del debate público en el país, como se constató en las sesiones diplomáticas donde el presidente Daniel Noboa expuso ante organismos internacionales las prioridades de seguridad y justicia del Ecuador, remarcando la importancia de la integridad en la gestión pública.
Expectativa pública en la Corte Nacional
La audiencia se desarrollará bajo modalidad mixta (presencial y telemática) en la sede de la Corte Nacional en Quito. Juristas y veedores ciudadanos aguardan con expectativa la resolución judicial, que sentará jurisprudencia sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a exmandatarios y funcionarios sentenciados por actos de corrupción en contrataciones emblemáticas del Estado.
