- El CNE cerró recién hoy, 20 de octubre a las 12:00, la entrega de ofertas técnicas para monitorear la campaña.
- La adjudicación del contrato está programada para el sábado 31 de octubre a las 20:00, en víspera de feriado.
- Los precandidatos despliegan libre campaña y propaganda en territorio sin fiscalización técnica en tiempo real.
- El artículo 279 del Código de la Democracia sanciona infracciones muy graves con multas de hasta 50 SBU y destitución.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una carrera desesperada contra el calendario para intentar fiscalizar la propaganda política que inunda las calles y plataformas digitales de Ecuador. Mientras los aspirantes presidenciales y legislativos recorren el territorio nacional en una abierta y descarada precampaña electoral, el organismo del sufragio recién cerró este martes 20 de octubre a las 12:00 el plazo de entrega de ofertas técnicas en el portal de compras públicas. El proceso contractual avanza con una lentitud que raya en la negligencia institucional, programando su adjudicación definitiva para un día sábado por la noche, justo en la antesala de un feriado nacional de cuatro días.
Esta insólita programación administrativa deja una ventana de impunidad operativa sin precedentes. A lo largo y ancho del país, las organizaciones partidistas han intensificado la difusión de afiches, gigantografías, mítines masivos con entrega de víveres y pauta publicitaria no declarada en redes sociales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece actualmente de un proveedor tecnológico que audite en tiempo real estos desembolsos millonarios, dejando en completa indefensión el principio de equidad democrática que la Constitución exige garantizar a los electores.
Cronograma a contrarreloj y adjudicación en noche de fin de semana
De acuerdo con el pliego oficial del proceso de subasta inversa corporativa SIE-CNE-2026-028, publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), el trámite fue convocado con notables retrasos el pasado 13 de octubre a las 19:00. Tras solventar las etapas de preguntas y respuestas, la recepción de ofertas culminó este mediodía, iniciando una fase de convalidación de errores que se extenderá hasta el 26 de octubre, para culminar con una calificación exprés y puja el 27 de octubre de 2026.
Lo que más alarma a expertos electorales y observadores ciudadanos es la fecha límite fijada para la resolución: la adjudicación de la compra está estimada para el sábado 31 de octubre a las 20:00. Adjudicar un contrato de semejante envergadura un sábado por la noche, a escasas horas de que el país entre en el feriado del Día de los Difuntos y de la Independencia de Cuenca, levanta serias dudas sobre la transparencia del concurso y asegura que la empresa ganadora no podrá desplegar su infraestructura operativa hasta bien avanzada la primera semana de noviembre.
Campaña anticipada desbordada mientras los candidatos actúan con libertad total
El resultado práctico de este desajuste burocrático es dramático: mientras tanto, los candidatos pueden hacer libre campaña electoral sin el menor temor a un monitoreo técnico inmediato. Las principales avenidas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo exhiben vallas monumentales camufladas bajo supuestos mensajes informativos de fundaciones o felicitaciones cívicas. Del mismo modo, caravanas de camionetas con altoparlantes recorren barriadas populares promoviendo nombres y números de listas sin que ningún auditor electoral registre las horas de emisión ni la procedencia del combustible.
Esta situación profundiza la crisis advertida en las investigaciones sobre actos de precampaña electoral sin monitoreo de medios, donde la falta de instrumental probatorio impide abrir expedientes administrativos con respaldo técnico. Las agrupaciones con mayor poder económico saturan los espacios digitales pautando microsegmentaciones en TikTok, Meta y YouTube a través de cuentas fantasma, eludiendo deliberadamente el límite de gasto electoral que rige exclusivamente durante el periodo formal de campaña.
El rigor del artículo 279 del Código de la Democracia bajo amenaza
La paradoja electoral ecuatoriana radica en que la legislación vigente es sumamente rigurosa en el papel, pero inoperante en los hechos por falta de evidencia física. El artículo 279 del Código de la Democracia, aplicado jurisdiccionalmente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), califica como infracciones electorales muy graves aquellos actos que interfieran en el normal funcionamiento de la Función Electoral o divulguen información confidencial que altere la contienda democrática.
Las sanciones establecidas por la ley para quienes incurran en estas conductas no admiten atenuantes cosméticos. El marco normativo contempla sanciones económicas que oscilan entre 11 y 50 Salarios Básicos Unificados (SBU) —lo que en 2026 representa montos de hasta 23.000 dólares—, complementadas de manera imperativa con la destitución inmediata del cargo público y la suspensión de los derechos de participación ciudadana hasta por un año.
Un vacío de pruebas que condena al archivo las denuncias
Pese a la contundencia de estas penalidades, los jueces electorales se encuentran atados de manos. Sin las actas de monitoreo audiovisual, los respaldos de radiofrecuencia y la georreferenciación de vallas certificadas por una firma contratada por el CNE, las denuncias que presentan los sujetos políticos contra sus adversarios carecen de validez probatoria y terminan desechadas por el TCE por falta de rigor pericial.
El retraso en el proceso de contratación no solo distorsiona la competencia democrática presente, sino que compromete la fiscalización contable posterior. Todo gasto realizado en esta prolongada precampaña que no sea registrado oportunamente por el sistema de monitoreo terminará eludiendo la imputación al gasto electoral máximo permitido por la ley, consumando una ventaja ilegítima financiada en las sombras que amenaza la legitimidad misma de los comicios de 2026.
