- La Fiscalía General del Estado abrió 166 investigaciones por las jornadas de protesta de 2025.
- El 79,5 % de los expedientes permanece en fase de investigación previa con carácter reservado.
- De las 21 causas concluidas hasta la fecha solo se ha dictado una sentencia condenatoria firme.
- El delito de paralización de servicio público concentra más de la mitad de las causas abiertas.
A un año de la paralización de treinta y un días desencadenada por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, el sistema judicial muestra un marcado estancamiento en el esclarecimiento de responsabilidades penales: de las 166 investigaciones abiertas por el Ministerio Público, el 79,5 % continúa bajo reserva en etapa de indagación previa y solo se registra una sentencia condenatoria en los tribunales.
Estancamiento procesal en las investigaciones penales del paro
Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, diversas organizaciones sociales e indígenas protagonizaron una prolongada huelga nacional que afectó las actividades productivas y de transporte en varias provincias de la Sierra norte y central. Las manifestaciones dejaron un saldo trágico de tres personas fallecidas, decenas de heridos y cuantiosas pérdidas económicas cuantificadas en más de 100 millones de dólares solo en Imbabura. Para contener los desmanes, el Gobierno decretó estados de excepción y trasladó transitoriamente la sede del Ejecutivo hacia Latacunga. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado aperturó 166 expedientes penales, de los cuales 132 casos siguen en reserva sin que se hayan formulado cargos contra presuntos sospechosos.
El Código Orgánico Integral Penal establece plazos y reservas específicas durante la etapa de investigación previa para resguardar la recopilación técnica de indicios y peritajes balísticos. Sin embargo, defensores de derechos humanos y gremios productivos han cuestionado la lentitud procesal, argumentando que la falta de definiciones fomenta la incertidumbre jurídica. En las provincias más afectadas, como Imbabura y Pichincha, las diligencias judiciales se han visto obstaculizadas por la dificultad de individualizar a los responsables materiales en medio de movilizaciones multitudinarias y bloqueos viales prolongados. A esto se suma la complejidad de verificar peritajes sobre bienes públicos destruidos y evaluar los testimonios de los afectados.
Tipificación delictiva y causas resueltas por la justicia
De acuerdo con los reportes oficiales del ministerio público analizados por PRIMICIAS, apenas 21 causas han concluido en el sistema penal ordinario. De este grupo, solamente un proceso por daño a bien ajeno en Pichincha culminó con fallo condenatorio; en nueve casos se ratificó el estado de inocencia de los acusados, cinco procesos fueron sobreseídos en audiencias preparatorias, cinco se archivaron y uno se extinguió legalmente. La infracción con mayor volumen de registros corresponde al delito de paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del COIP, con un total de 90 expedientes que equivalen al 54,2 % de la carga procesal nacional generada durante el conflicto.
Las causas conexas incluyen once indagaciones por secuestro extorsivo de uniformados, nueve por instigación a cometer delitos, seis por robo, cinco por terrorismo y cuatro por ataque o resistencia física. Asimismo, se tramitan diez denuncias en contra de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas por presunta extralimitación en la ejecución de actos de servicio, derivadas del empleo de material disuasivo antidisturbios durante las tomas de vías y plazas públicas.
Concentración geográfica del conflicto y repercusiones institucionales
La distribución territorial de los procesos judiciales evidencia que las provincias de Imbabura (76 causas) y Pichincha (42 causas) agruparon más del 71 % de los litigios penales surgidos durante las jornadas de huelga. Uno de los sucesos más complejos se registró en el cantón Otavalo, donde un grupo de manifestantes incendió instalaciones del Comando de Policía y de la Policía Judicial, ocasionando destrozos pericialmente valuados en 134.460 dólares. Las autoridades judiciales continúan recabando testimonios técnicos y videos periciales para sustentar las audiencias preparatorias de juicio previstas para los próximos meses. Asimismo, estas acciones se vinculan con los mecanismos de control y monitoreo institucional, consolidando un enfoque integral de seguimiento ciudadano.
El balance judicial del paro indígena evidencia la complejidad intrínseca de conciliar el derecho constitucional a la protesta pacífica con la obligación estatal de garantizar el orden público y la libre circulación de mercancías. Diversos analistas constitucionales señalan que la superación definitiva de estas tensiones exigirá no solo la resolución transparente de las causas penales en curso, sino la consolidación de canales de diálogo permanente sobre subsidios a los combustibles y políticas compensatorias rurales.
