- Un tribunal federal en Estados Unidos hizo públicos mensajes de mensajería instantánea del CEO de Progen.
- Los textos evidencian gestiones directas con los exministros Arturo Félix Wong e Inés Manzano por turbinas térmicas.
- El litigio involucra una demanda por incumplimiento contractual valorada en más de USD 149 millones.
- Legisladores en Quito exigen peritajes forenses para determinar responsabilidades en la contratación de emergencia.
Nuevas revelaciones procesales en un tribunal federal de los Estados Unidos sacaron a la luz transcripciones de chats entre el presidente ejecutivo de la proveedora energética Progen y exministros del gobierno ecuatoriano.
Antecedentes y desarrollo de los acontecimientos verificados
Los documentos, incorporados a un expediente por controversias mercantiles que asciende a más de USD 149 millones, exponen comunicaciones directas sobre la provisión de turbinas y motores termoeléctricos de emergencia para Salitral y Quevedo.
De acuerdo con coberturas judiciales difundidas por Reuters, los intercambios muestran detalles sobre la emisión de cartas de crédito, cronogramas de flete aéreo y presiones para acelerar recepciones provisionales de equipos.
En Quito, comisiones de fiscalización de la Asamblea Nacional anunciaron la solicitud formal de copias certificadas del proceso a la justicia estadounidense para contrastar los testimonios con las bitácoras ministeriales.
Por su parte, los exfuncionarios aludidos señalaron que sus gestiones se circunscribieron estrictamente a mitigar la severa crisis de estiaje que golpeó al sistema interconectado nacional, descartando irregularidades o beneficios personales.
Especialistas en contratación pública de la OEA remarcan que los procesos de adquisición en regímenes de emergencia demandan auditorías forenses internacionales para salvaguardar los fondos públicos.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) comunicó que mantendrá una postura firme en defensa de los intereses nacionales en los tribunales arbitrales internacionales competentes.
Analistas del sector energético enfatizan que las demoras en el arribo y puesta en marcha de estas unidades de generación agravaron los racionamientos eléctricos soportados por las industrias y los hogares.
Las indagaciones continuarán en instancias judiciales de Florida, donde se espera la evacuación de pruebas testimoniales de los peritos técnicos que inspeccionaron la maquinaria en origen.
Impacto sectorial y valoraciones de los organismos oficiales
Documentos procesales incorporados a la causa evidencian que los exsecretarios de Estado mantuvieron intercambios directos sobre los cronogramas de entrega y las penalidades contractuales asociadas al retraso de los equipos.
Organizaciones de veeduría ciudadana y legisladores han solicitado que la Fiscalía General del Estado incorpore formalmente estas revelaciones a las investigaciones previas por presunto tráfico de influencias y peculado.
El sector energético ecuatoriano enfrentó severos déficits durante el último año debido al estiaje prolongado, lo que obligó al Ejecutivo a recurrir a contrataciones de emergencia con proveedores internacionales bajo regímenes especiales.
La defensa de los exfuncionarios argumentó ante los tribunales norteamericanos que todas las decisiones administrativas respondieron estrictamente a la necesidad de salvaguardar el suministro eléctrico nacional frente a un colapso inminente.
Peritajes técnicos independientes presentados en el litigio advierten que varias de las turbinas generadoras suministradas no cumplían con las especificaciones de operación continua para el sistema interconectado ecuatoriano.
Comisiones especializadas de la Asamblea Nacional anunciaron que llamarán a comparecer a los exministros involucrados para esclarecer los términos de negociación y la supervisión técnica de los contratos de generación térmica de emergencia.
La controversia legal se ventila en tribunales del estado de Florida, donde la contratista estadounidense reclama presuntos incumplimientos en las cláusulas de pago estipuladas durante la declaratoria de emergencia energética.
Analistas constitucionales recuerdan que los contratos de suministro de energía suscritos en situaciones de emergencia están sujetos a exámenes especiales de la Contraloría General del Estado para verificar el uso eficiente de los recursos públicos.
Para profundizar en el debate sobre la estabilidad jurídica y la gobernanza del sector eléctrico, le invitamos a revisar nuestro reporte sobre las medidas gubernamentales para solventar el déficit energético en nuestra sección de política.
