- Fiscalización aprobó unificar las denuncias de dos legisladores de la Revolución Ciudadana.
- Se investiga el plan de seguridad gubernamental y la incursión a la sede diplomática de México.
- Las partes contarán con quince días de término para actuar pruebas testimoniales y oficios.
- La ministra del Interior será convocada formalmente a exponer sus descargos institucionales.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador calificó formalmente este 23 de septiembre de 2026 las solicitudes unificadas de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, dando inicio al periodo de sustanciación probatoria en el Legislativo, en un proceso de fiscalización institucional que dialoga con los recientes debates sobre las investigaciones judiciales y los requerimientos de comparecencia a autoridades públicas en Ecuador.
El pedido de fiscalización, impulsado por legisladores de oposición, imputa a la secretaria de Estado un presunto incumplimiento de funciones en dos ejes críticos: la efectividad operativa de las metas de contención delictiva del Plan Fénix y la irrupción policial en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas el 5 de abril pasado.
Cronograma de comparecencias y pruebas de cargo
Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se abrió un término perentorio de 15 días calendario para que los solicitantes presenten los documentos desclasificados, oficios y testimonios de mandos policiales y analistas de seguridad que sustenten sus acusaciones.
Desde el Ministerio del Interior se ratificó la decisión de la ministra Palencia de acudir a la mesa parlamentaria para exponer con respaldo estadístico los resultados de las operaciones antinarcóticos, la desarticulación de grupos de delincuencia organizada y la incautación de armamento durante los estados de excepción.
Procedimiento parlamentario y antecedentes de control político
La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las causales de juicio político deben ceñirse taxativamente al incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y las leyes orgánicas del Estado. Los interpelantes deberán demostrar que las decisiones ministeriales derivaron de omisiones graves en la ejecución presupuestaria para el equipamiento policial o en vulneraciones directas al derecho internacional público.
Analistas jurídicos coinciden en que este trámite constituye una prueba crucial para medir la cohesión de las bancadas legislativas antes del receso parlamentario, definiendo si la mayoría multipartidista alcanzada en comisiones se mantendrá firme al momento de votar una eventual censura en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.
Debate político y correlación de fuerzas legislativas
El proceso interpelatorio se desarrolla en medio de una intensa confrontación política en el seno parlamentario. Mientras la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) defiende la gestión ministerial y califica el juicio de retaliación electoral, bloques opositores insisten en que los índices de violencia en las provincias de la Costa justifican la censura y destitución.
Finalizada la etapa de prueba, la comisión legislativa contará con cinco días reglamentarios para emitir un informe que recomiende el archivo de la causa o su paso al pleno de la Asamblea Nacional, donde se requerirán 92 votos afirmativos para una eventual sanción política.
Sostenibilidad de la conducción de la seguridad interna
Observadores parlamentarios señalan que el resultado de esta fiscalización marcará la pauta del equilibrio de fuerzas políticas de cara al ciclo preelectoral de 2027, poniendo a prueba la capacidad de articulación del Ejecutivo con los sectores independientes del Legislativo.
Asimismo, los bloques legislativos han solicitado que las sesiones de la mesa de Fiscalización cuenten con transmisión pública ininterrumpida y traducción a lenguas ancestrales, garantizando que la ciudadanía de todas las provincias acceda con total transparencia a los argumentos expuestos por las partes.
El desenlace de este juicio político pondrá a prueba la solidez de la coalición gubernamental en el Parlamento, definiendo el rumbo institucional de la seguridad interna en una etapa definitoria para la estabilidad democrática del Ecuador.
