- El 24 de septiembre concluye el plazo oficial para definir a los postulantes finales al CPCCS.
- La lista preliminar asciende a 68 aspirantes en medio de reclamos resueltos por el CNE y el TCE.
- Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Johnny Escobar buscan ser reelectos.
- El Tribunal Contencioso Electoral debe evacuar más de 40 recursos antes de la impresión de papeletas.
El tablero político ecuatoriano vive momentos decisivos de cara a los comicios del 29 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral (CNE) acelera los trámites para entregar el 24 de septiembre de 2026 la lista definitiva de los candidatos al CPCCS. De una postulación inicial de 254 ciudadanos, el filtro de méritos y requisitos redujo el grupo a 61 aspirantes en agosto, cifra que ascendió a 68 tras la resolución de impugnaciones administrativas y dictámenes de la justicia electoral.
El CNE reconsideró la situación de cinco ciudadanos descalificados en la primera fase, de los cuales uno presentó su renuncia irrevocable. Al mismo tiempo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó tres apelaciones y ordenó la inclusión de sus promotores, mientras desestimó los pedidos de actuales vocales como Nicole Bonifaz, Piedad Cuarán y David Rosero, quienes perdieron la opción de buscar la reelección.
Vocales en funciones intentan mantenerse en el organismo
A pesar del reiterado cuestionamiento social sobre la operatividad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuatro de sus actuales consejeros consiguieron la calificación legal. El presidente del cuerpo colegiado, Andrés Fantoni, encabeza la lista de quienes aspiran a continuar en funciones por cuatro años adicionales, respaldado por una visible campaña de posicionamiento público en canales institucionales.
La vicepresidenta Jazmín Enríquez, la consejera Johanna Verdezoto y el recién posesionado Johnny Escobar completan el grupo de vocales que aspiran a la reelección. Esta pugna por el control del organismo coincide con la vigilancia y resguardo que demanda el proceso comicial, tal como reportó este medio en la cobertura sobre las alertas donde el CNE advierte sobre falsas convocatorias y estafas a miembros de mesa.
Reingreso de figuras polémicas y exautoridades destituidas
El listado de postulantes aprobados incluye nombres que generaron controversia política en administraciones anteriores. Sofía Almeida, quien presidió el CPCCS hasta su remoción en 2022 y fue destituida por la Corte Constitucional debido al incumplimiento de funciones en la designación de la Judicatura, logró superar la fase de admisibilidad. A ella se suma Rosa Chalá, exvicepresidenta censurada por la Asamblea Nacional en 2019.
Otros perfiles que buscan una vocalía son el exdiputado Ramiro Rivera, exvicepresidente del antiguo Congreso Nacional y crítico de la estructura constitucional del CPCCS, y Marlon Andrés Pasquel Espín, excandidato municipal en Quito que anteriormente promovió denuncias electorales ante el tribunal comicial.
Resolución de recursos y cierre definitivo de la papeleta
La condición de los 68 postulantes calificados aún depende de los fallos que emita la justicia electoral en las próximas horas. El TCE tiene bajo análisis más de 40 recursos contenciosos ingresados contra admitidos e inadmitidos, los cuales deberán resolverse en bloque antes del plazo improrrogable del 24 de septiembre.
El sistema de votación para el Consejo de Participación contempla tres papeletas diferenciadas: una para elegir a tres representantes hombres, otra para tres mujeres y una tercera para un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes en el exterior. Esta división técnica exige que el listado final cuente con paridad de género y representatividad intercultural estricta antes de pasar a la fase de impresión masiva.
Una vez resueltas las impugnaciones, el CNE procederá a la conformación de la papeleta oficial que recibirán los electores en las urnas el 29 de noviembre, fecha en que se elegirán a los siete consejeros principales y suplentes que tendrán la responsabilidad constitucional de designar a los futuros titulares de los órganos de control del Estado.
