- El Pleno legislativo debate reformas estructurales al Código Aeronáutico y la Ley de Aviación.
- Municipios a cargo de terminales aéreas deberán firmar convenios con el Ejecutivo para operar.
- Todo dron de más de 250 gramos requerirá homologación aduanera y registro ante la DGAC.
- Se fijan indemnizaciones obligatorias y hospedaje para pasajeros por fallas en aerolíneas.
La modernización del transporte aéreo en Ecuador dio un paso decisivo este 23 de septiembre de 2026. La Asamblea Nacional inició el debate final del proyecto de Ley de Aviación Civil, una normativa que busca sustituir instrumentos legales vigentes desde 2007 que han mermado la competitividad del sector frente a los estándares de la aviación comercial en la región sudamericana.
El cuerpo legal plantea que los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca, que actualmente gestionan sus terminales aéreas de forma directa o delegada a concesionarios privados, suscriban acuerdos de gestión concurrente con el Gobierno Central. El objetivo institucional es asegurar una fiscalización técnica unificada que garantice tarifas competitivas, cobertura de rutas desatendidas y equilibrio financiero en aeropuertos que generan déficit operativo en el territorio nacional.
Empadronamiento de drones y apertura a nuevas aerolíneas
En el ámbito de la seguridad y el control del espacio aéreo, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) asumirá la regulación integral de los vehículos aéreos no tripulados. El informe para segundo debate prohíbe el desaduanamiento o nacionalización de drones superiores a 250 gramos sin la previa certificación y homologación técnica, estableciendo sanciones para vuelos no autorizados en zonas de amortiguamiento aeroportuario o áreas estratégicas.
La propuesta también flexibiliza las condiciones de operación interna para aerolíneas internacionales que deseen cubrir rutas domésticas domiciliándose en el país, suprimiendo la obligatoriedad de que la tripulación sea íntegramente ecuatoriana. En defensa del consumidor, se ratifica el 50 % de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad en compras electrónicas, junto a la obligación de cubrir hospedaje y manutención si un vuelo sufre retrasos imputables al operador.
Seguridad jurídica y reactivación económica
El fortalecimiento del marco normativo aeronáutico representa una pieza clave para afianzar el Estado de derecho y promover la inversión extranjera en infraestructura logística. En el debate público nacional, los cambios regulatorios se articulan con los procesos de control institucional y modernización penal y civil en el país, en sintonía con las políticas sobre la seguridad jurídica y la solidez institucional de los organismos del Estado.
Los legisladores debatirán observaciones finales sobre el régimen tarifario de Galápagos antes de proceder a la votación por artículos. Con esta ley, el Ecuador busca mejorar su calificación en auditorías de la OACI y dinamizar la llegada de nuevos operadores comerciales que abaraten los pasajes aéreos.
La fiscalización integral del espacio aéreo nacional responde a la creciente necesidad de compatibilizar las operaciones comerciales tripuladas con el auge exponencial de aeronaves pilotadas a distancia empleadas en la agricultura de precisión, la vigilancia fronteriza y la logística de mensajería urbana. La homologación obligatoria ante la DGAC permitirá a las autoridades de seguridad detectar drones irregulares y prevenir incursiones no autorizadas en las zonas de aproximación de las pistas de aterrizaje comerciales.
Por otro lado, los acuerdos de gestión concurrente con los municipios garantizarán que las terminales aéreas concesionadas en Quito, Guayaquil y Cuenca mantengan auditorías transparentes de sus tarifas operativas, facilitando que las aerolíneas internacionales expandan sus frecuencias y reduzcan los precios de los boletos para los usuarios nacionales, dinamizando el turismo y el comercio exterior del Ecuador.
La normativa aeronáutica contempla además incentivos tributarios específicos para la apertura de rutas turísticas directas hacia ciudades intermedias, permitiendo que operadoras de bajo costo ofrezcan frecuencias permanentes que dinamicen las economías provinciales del país.
