- Las elecciones de 2027 se realizarán el 29 de noviembre con un operativo de seguridad de más de 92.000 efectivos.
- Participarán 34.768 miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57.000 policías.
- Se instalará una Mesa Nacional de Seguridad Electoral en 24 delegaciones provinciales.
- El operativo se organiza en seis ejes, desde orden público hasta justicia y control.
Las instituciones responsables de la seguridad electoral en Ecuador confirmaron que el operativo para los comicios de 2027, previstos para el 29 de noviembre, ya está en marcha, con un despliegue que combina a más de 92.000 efectivos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lidera la coordinación general junto al ECU-911 y las delegaciones provinciales electorales, en un esquema que busca garantizar condiciones de normalidad antes, durante y después de la jornada de votación.
Un despliegue de más de 92.000 efectivos
El grueso del operativo de seguridad estará compuesto por 34.768 miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57.000 efectivos de la Policía Nacional, distribuidos en recintos electorales, delegaciones provinciales y puntos de concentración ciudadana a lo largo de todo el país. Esa cifra confirma que el operativo de seguridad para estos comicios superará ampliamente el número de efectivos movilizados en procesos electorales anteriores, en línea con el contexto de mayor preocupación por la seguridad pública que atraviesa el país.
Una Mesa Nacional de Seguridad Electoral en 24 provincias
Para coordinar todo el operativo, las autoridades instalarán una Mesa Nacional de Seguridad Electoral con presencia en las 24 delegaciones provinciales del CNE, un mecanismo que centraliza la toma de decisiones y permite una respuesta más rápida ante cualquier incidente que se presente durante la jornada electoral. Esa mesa funcionará bajo una estructura organizada en seis ejes multidisciplinarios: seguridad y orden público, gestión de riesgos, salud y rescate, educación e infraestructura, sectores estratégicos, y justicia y control, cada uno con responsabilidades específicas dentro del operativo general.
Videovigilancia y resguardo integral
El plan de seguridad contempla además la instalación de sistemas de videovigilancia en los recintos electorales, en las delegaciones provinciales y en los principales puntos de concentración ciudadana, una herramienta que permitirá a las autoridades monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada y detectar de forma temprana cualquier situación que requiera intervención. Ese componente tecnológico se suma al despliegue físico de personal dentro de lo que las autoridades describen como un operativo de resguardo integral nacional, que abarca desde la protección de las urnas hasta la seguridad vial en las rutas de traslado del material electoral.
El objetivo detrás del operativo
Una fuente del organismo a cargo de la coordinación resumió el propósito central de este despliegue: «La meta principal de este organismo es garantizar un ambiente pacífico antes, durante y después del proceso democrático». Esa meta cobra particular relevancia en un país que en los últimos años ha enfrentado episodios de violencia vinculados al crimen organizado, un factor que las autoridades buscan neutralizar específicamente durante el periodo electoral, cuando la exposición de candidatos, autoridades y ciudadanos a espacios públicos masivos aumenta de forma considerable.
Un antecedente que pesa en la planificación
El diseño de este operativo de seguridad no parte de cero: las autoridades han tomado como referencia la experiencia de procesos electorales anteriores, en los que episodios aislados de violencia o intentos de alterar el desarrollo de la jornada obligaron a reforzar posteriormente los protocolos de seguridad en recintos específicos. Esa evaluación constante permite ajustar la distribución territorial de los efectivos, priorizando provincias y cantones donde el riesgo de incidentes se considera más elevado según los propios registros de seguridad ciudadana que manejan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La magnitud del despliegue confirma, además, que el componente de seguridad se ha convertido en un eje central de la organización electoral en Ecuador, al mismo nivel de importancia que la logística de transporte del material de votación o la capacitación de los miembros de mesa. Esa prioridad responde directamente al contexto de inseguridad que atraviesa el país, donde garantizar condiciones pacíficas para el ejercicio del voto exige hoy una coordinación mucho más compleja que en procesos electorales de años anteriores.
El anuncio del operativo de seguridad llega en un momento en que el proceso electoral avanza en sus etapas previas: el CNE ya había reportado 21.130 candidaturas en firme para las seccionales, tras un cierre de preinscripciones que había proyectado inicialmente más de 11.000 candidaturas para los comicios seccionales. Con la seguridad electoral ya definida institucionalmente, la atención del proceso se traslada ahora a la campaña y a la preparación logística final de cara al 29 de noviembre de 2027.
