Después de que el presidente Daniel Noboa acusara a los legisladores de estar a favor de la delincuencia, la Comisión Multipartidista encargada de las reformas resultantes de la consulta popular respondió que han cumplido con lo aprobado en las urnas.
La Comisión Multipartidista para el tratamiento de los proyectos nacidos de la consulta, se reunió el 19 de junio de 2024 para discutir las reformas. En respuesta a las acusaciones del presidente, la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que Carlos Vera, presidente de la Comisión, defendió su labor. Vera aseguró que están entregando «una reforma legal con incremento de penas contra quienes delinquen». Según el legislador, esto coincide con lo aprobado en las urnas y representa «una lucha frontal contra la inseguridad».
El presidente Daniel Noboa, sin embargo, ha manifestado que los incrementos de penas propuestos por la Comisión son insuficientes y no están en línea con las propuestas enviadas por el Ejecutivo, que contemplaban penas aún más severas. Esta diferencia de enfoques ha generado un debate intenso entre el Gobierno y la Asamblea sobre la mejor manera de abordar la inseguridad en el país.
La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) también emitió un comunicado, ratificando que las reformas incluyen un incremento de penas, como fue decidido en la consulta popular. El PSC lamentó que el Gobierno «llame al pánico colectivo con falsedades» y defendió la labor de la Comisión Multipartidista, resaltando que han cumplido con el mandato popular de aumentar las sanciones para combatir la delincuencia.
Esta controversia pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la política de seguridad. Mientras el presidente Noboa busca implementar medidas más drásticas, los legisladores defienden su interpretación de los resultados de la consulta y su esfuerzo por cumplir con las expectativas ciudadanas.
La Asamblea Nacional insiste en que su trabajo se ha centrado en fortalecer el marco legal para combatir la delincuencia, incrementando las penas para diversos delitos, tal como lo demandó la población en la consulta. A pesar de las críticas del Ejecutivo, la Comisión Multipartidista sigue adelante con su agenda, buscando un equilibrio entre las demandas de mayor seguridad y el respeto a los procesos legislativos establecidos.
En conclusión, el cruce de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y la Asamblea Nacional refleja una disputa sobre la estrategia más efectiva para enfrentar la delincuencia en Ecuador. Mientras el Ejecutivo presiona por medidas más extremas, el Legislativo defiende las reformas aprobadas en la consulta, asegurando que estas incrementan las penas y responden al clamor popular por una mayor seguridad.
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