Los puertos de Guayaquil están divididos en torno al impacto del pago diferenciado de regalías al Estado. Contecon, concesionaria del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, aporta el 9,5% de sus ingresos brutos, mientras que los puertos privados y otras concesiones pagan únicamente el 5%. Esta diferencia ha generado una controversia que ha tomado relevancia tras un estudio financiado por la Unión Europea (UE), que señala una falta de armonía en las regulaciones portuarias.
Un marco legal obsoleto impacta la competitividad
El informe de la UE alerta sobre una “confusa dispersión de regulaciones” en el sistema portuario ecuatoriano, derivada de una ley general portuaria desactualizada que data de los años 70. Este marco normativo anticuado ha contribuido a la pérdida de competitividad del Puerto de Guayaquil, el más grande del país. Según el estudio, la terminal opera al 23% de su capacidad, manejando solo 350.000 TEUs en 2024 frente a una capacidad anual de 1,5 millones.
Diferencias en el pago de regalías
El debate se centra en la disparidad en los pagos de regalías. Contecon señala que su carga de 9,5% sobre ingresos brutos, sumada a un segundo componente del 2-5% destinado a las autoridades portuarias, afecta su competitividad frente a los puertos privados, que solo pagan un 5%. Según la concesionaria, esta estructura ha generado distorsiones en un mercado altamente competitivo, resultando en la pérdida de clientes clave como Maersk y MSC.
En contraste, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) afirma que no existe una brecha regulatoria. Aseguran que los modelos de gestión portuaria están claramente definidos y ajustados a la normativa vigente.
Asimetrías en los modelos de gestión
El estudio de la UE destaca que el sistema actual favorece a ciertos puertos debido a la estructura diferenciada de costos y regulaciones. Los puertos privados operan bajo el modelo greenfield, financiando íntegramente la construcción y operación de sus instalaciones. Por su parte, Contecon trabaja bajo el modelo landlord, utilizando infraestructura estatal existente, lo que explica la mayor carga en regalías.
Asotep subraya que los terminales privados no usufructúan bienes públicos y que las diferencias en los aportes responden a las características de cada modelo de negocio.
Respuesta de Contecon
Contecon ha solicitado una revisión de las normativas para equilibrar el sistema portuario. La concesionaria sostiene que su estructura de costos la coloca en una posición desfavorable, lo que ha reducido sus aportes al Estado, pasando de USD 25,6 millones en 2023 a USD 19,4 millones en 2024. Asimismo, consideran urgente actualizar las regulaciones para garantizar la competitividad del sector.
Postura de los puertos privados
Asotep, en cambio, respalda la auditoría anunciada por el Ministerio de Transporte y asegura que las tarifas y aportes están alineados con las inversiones realizadas y la calidad de los servicios. Además, cuestiona la validez del estudio de la UE, argumentando que carece de un análisis jurídico profundo y de la participación de expertos en regulación portuaria.
El rol del Ministerio de Transporte
El ministro de Transporte, Roberto Luque, reconoció que la Ley de Puertos es anticuada y necesita ser revisada. Además, aseguró que el ministerio trabaja en mejorar las condiciones para Contecon y que una auditoría integral evaluará las tarifas y aportes de todos los puertos del país. Sin embargo, también destacó que las diferencias en los aportes al Estado obedecen a las características particulares de cada modelo de negocio.
Seguridad y sostenibilidad en el sistema portuario
Según el informe de la UE, la falta de un marco regulatorio claro no solo afecta la competitividad, sino también la seguridad portuaria. Contecon ha instado a las autoridades a actuar con mayor rapidez para implementar ajustes que beneficien al sector en su conjunto. Sin embargo, Asotep advierte que cualquier intento de homologar los modelos de negocio podría generar incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión en el país.
La actualización de la Ley de Puertos se presenta como una necesidad urgente para establecer un sistema más equilibrado, competitivo y sostenible, garantizando el desarrollo del comercio marítimo en Ecuador.
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