El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, avanza en la Asamblea Nacional en medio de un fuerte clima de confrontación política, denuncias de presiones a jueces y cuestionamientos al manejo del proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Con el respaldo anticipado de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Pachakutik, el escenario empieza a perfilarse hacia una eventual censura y destitución del funcionario.
Godoy enfrenta acusaciones por presunto incumplimiento de funciones y por haber vulnerado la independencia judicial, en un contexto donde la oposición sostiene que el oficialismo intenta blindarlo políticamente desde la Comisión, dominada por Acción Democrática Nacional.
Bloques legislativos anticipan votos para la destitución
Las posiciones políticas comienzan a definirse con mayor claridad. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano aseguró que el PSC, Revolución Ciudadana, un sector de Pachakutik y algunos asambleístas independientes votarían por la censura y destitución de Mario Godoy, al considerar que existen elementos suficientes para establecer responsabilidades políticas.
Desde Pachakutik, el asambleísta Álex Toapanta confirmó el respaldo de su organización a la censura y sostuvo que el titular de la Judicatura debería separarse del cargo para ejercer su defensa sin influencias. Además, calificó como alarmante la presentación de una memoria flash que contendría una sentencia presuntamente ya elaborada, lo que, a su criterio, evidencia irregularidades graves dentro del proceso judicial.
Por su parte, Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, afirmó que incluso un sector de ADN estaría dispuesto a asumir costos políticos para sostener a Godoy, pese a que, según indicó, ha perdido la confianza de la ciudadanía, de los colegios de abogados y de amplios sectores del ámbito jurídico. La bancada correísta respalda de forma unánime el juicio político impulsado por cinco de sus legisladores.
Comparecencias marcadas por ausencias y tensiones en la Comisión
La segunda jornada de comparecencias, realizada el miércoles 4 de febrero, estuvo marcada por choques entre legisladores, reclamos sobre el procedimiento y la ausencia de testigos clave. De los cuatro convocados por los interpelantes, solo acudieron dos: la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, y el abogado Ramiro García.
No comparecieron el juez anticorrupción Carlos Serrano ni el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, lo que llevó a los proponentes del juicio político a anunciar que insistirán en sus testimonios antes del cierre de la fase probatoria, prevista para el martes 10 de febrero.
Viviana Veloz adelantó que Revolución Ciudadana solicitará que Serrano comparezca de forma telemática, al advertir que su regreso al país podría exponerlo a riesgos contra su seguridad personal. También anunció que elevará un pedido formal al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que se garanticen las condiciones necesarias para su intervención.
Presuntas presiones a jueces y el caso Carlos Serrano
El eje central de la acusación se sustenta en un supuesto incumplimiento del artículo 168 de la Constitución, que establece la obligación de garantizar la independencia judicial. Según los interpelantes, Mario Godoy habría permitido o tolerado presiones desde la Judicatura, a través de su colaborador Henry Gaibor, contra el juez anticorrupción Carlos Serrano.
Estas presiones estarían relacionadas con el proceso por lavado de activos que enfrenta el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, antiguo cliente del estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Serrano es considerado una pieza clave del juicio político, ya que denunció los hechos ante la Fiscalía, difundió audios vinculados al caso y expuso públicamente las supuestas interferencias institucionales.
Testimonios apuntan a irregularidades en tribunales judiciales
Durante su comparecencia, Solanda Goyes aseguró que su intervención tuvo como objetivo evidenciar actuaciones que considera irregulares dentro del Consejo de la Judicatura durante la administración de Godoy. Recordó que el sistema judicial ecuatoriano recibe aproximadamente 700.000 causas cada año y enfatizó que bajo ningún escenario es admisible que funcionarios de la Judicatura contacten a jueces para influir en sus decisiones.
Goyes detalló una secuencia de hechos que se habrían producido desde noviembre de 2024, coincidiendo con el inicio del proceso contra Srdan. Entre ellos, mencionó la falta de sanción a tres jueces de la Unidad Anticorrupción investigados en el denominado caso Fachada, lo que permitió que una magistrada involucrada, Gabriela Lara, se reincorporara al tribunal que conocía la causa.
Según su testimonio, Lara fue la única jueza que no votó por una sentencia condenatoria contra Srdan. Goyes también reconoció que apoyó la designación de Henry Gaibor como director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, aunque dejó constancia escrita de sus dudas y observaciones sobre ese nombramiento.
Añadió que fue Mario Godoy quien propuso a Gaibor y que este funcionario habría contactado al juez Serrano para pedirle que preste atención a los argumentos de la defensa del procesado. Además, señaló que Godoy habría respaldado la suspensión del juez Christian Fierro, quien votó por condenar a Srdan, dejando al tribunal incompleto e impidiendo que se emita la sentencia por escrito.
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