La posibilidad de revocar el mandato del presidente Daniel Noboa está contemplada en la Constitución ecuatoriana, pero en la práctica enfrenta obstáculos legales, políticos y logísticos que hacen que el proceso sea complejo y poco probable en el corto plazo.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, cumplirá su primer año del actual periodo el 24 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual recién podría activarse formalmente una solicitud de revocatoria. Hasta entonces, cualquier anuncio tiene más impacto político que jurídico.
Las críticas al Gobierno han aumentado, principalmente por la persistencia de la inseguridad, el principal problema del país. Encuestas realizadas en enero de 2026 reflejaron un clima de pesimismo ciudadano sobre la situación nacional y personal, lo que ha reactivado el debate sobre mecanismos de control ciudadano.
Anuncios públicos de una posible revocatoria
El 30 de enero de 2026, Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, anunció que su organización impulsará un proceso de revocatoria contra Noboa, señalando que la iniciativa se encuentra en fase de socialización en distintos territorios.
Un día después, el excandidato presidencial Andrés Arauz publicó en la red social X el mensaje “Revocatoria ya”, acompañado de una imagen que planteaba preguntas sobre la revocatoria del presidente y otras autoridades, reforzando el debate público sobre esta figura constitucional.
Qué exige la ley para revocar al presidente
La revocatoria del mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos terminar anticipadamente el periodo de una autoridad electa. En el caso del presidente de la República, la ley exige la recolección de firmas equivalentes al 15 % del padrón electoral nacional, lo que representa más de 2 millones de firmas válidas.
El constitucionalista Esteban Ron explica que el proceso inicia con una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, acompañada de pruebas que sustenten la causal invocada. Tras una revisión formal, el CNE notifica a la autoridad cuestionada, que tiene siete días para impugnar. Solo si el organismo aprueba el pedido se entregan los formularios para recolectar firmas, con un plazo máximo de 180 días.
Obstáculos políticos y administrativos
Ron advierte que uno de los principales problemas es la dificultad para demostrar incumplimientos concretos del plan de trabajo presidencial, ya que estos están diseñados para un periodo completo de cuatro años y no para ser evaluados en el primer año de gestión.
Otro factor es la actuación del CNE, cuya independencia y tiempos de respuesta generan desconfianza entre los promotores de procesos de revocatoria. Según el analista, posibles demoras administrativas podrían extender el trámite hasta volverlo inviable políticamente.
A esto se suma el temor de los ciudadanos a firmar. La falta de garantías sobre la confidencialidad de los datos y el riesgo de persecución generan resistencia a participar, especialmente en un contexto de polarización política.
Riesgos en la recolección y validación de firmas
Néstor Marroquín, quien impulsó la revocatoria del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, relata que uno de los mayores problemas es la validación de firmas. En su caso, el CNE tardó nueve meses en entregar los formularios y luego impuso requisitos que, según él, no estaban claramente previstos.
La normativa obliga a quien recolecta las firmas a declarar que estas pertenecen a los ciudadanos que las suscriben, lo que expone a los voluntarios a posibles sanciones penales si se detectan inconsistencias. Este riesgo desincentiva la participación y debilita la logística del proceso.
También existe la posibilidad de sabotaje interno, ya que simpatizantes de la autoridad cuestionada podrían firmar incorrectamente de forma intencional para provocar la anulación de apoyos válidos.
El peso político del promotor de la iniciativa
Para el analista Alfredo Espinosa, una eventual revocatoria no solo evaluaría la gestión de Daniel Noboa, sino también la legitimidad de quienes impulsan el proceso y el impacto en la estabilidad del país.
Espinosa señala que sectores sociales y organizaciones indígenas enfrentan cuestionamientos por episodios de conflictividad en años anteriores, lo que podría restar respaldo ciudadano a una iniciativa de este tipo. Además, advierte que no está claro cuál sería la salida política posterior a una revocatoria y si esta resolvería los problemas estructurales del país.
Desde su perspectiva, la revocatoria funciona más como una estrategia de presión y desgaste político que como una opción real e inmediata, especialmente en un escenario preelectoral rumbo a 2027.
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