- Fiscalía solicitó fijar audiencia de formulación de cargos contra cuatro profesionales.
- Luis Alarcón, de 37 años, falleció el pasado 2 de abril durante un procedimiento odontológico.
- Familiares denuncian presunta mala práctica médica y negligencia en el uso de anestesia.
- La entidad Acess clausuró el establecimiento tras constatar irregularidades administrativas.
Más de seis meses después del trágico fallecimiento de Luis Alarcón, ciudadano de 37 años que perdió la vida en el interior de una clínica dental en el norte de Quito, la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente a la Unidad Judicial Penal que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas presuntamente involucradas en el procedimiento médico que derivó en su deceso.
Discrepancias en la sedación y presunta negligencia médica
El hecho ocurrió el 2 de abril de 2026, cuando Alarcón acudió al centro odontológico para someterse a una intervención de rutina en su dentadura. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el paciente gozaba de un excelente estado de salud física general y no padecía afecciones coronarias ni respiratorias preexistentes, extremo que fue sustentado mediante valoraciones clínicas preliminares entregadas al expediente del Ministerio Público.
No obstante, las pericias forenses ordenadas por la Fiscalía General del Estado revelaron serias discrepancias sobre el tipo de fármacos anestésicos administrados. Mientras el personal odontológico sostuvo inicialmente que se trató de sedación local controlada, informes toxicológicos posteriores levantaron sospechas sobre el empleo indebido de sedantes profundos sin la presencia de un médico anestesiólogo debidamente certificado.
Clausura de la clínica y exigencias de los familiares
El seguimiento judicial y la necesidad de contar con magistrados altamente capacitados para dirimir controversias penales complejas se relacionan estrechamente con los procesos de fortalecimiento institucional, como el reciente concurso de jueces temporales de la Judicatura destinado a agilizar causas represadas en el país.
Tras la muerte del paciente, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutaron inspecciones sanitarias en el local, disponiendo la clausura inmediata del establecimiento por carecer de permisos de funcionamiento actualizados y no contar con el equipamiento de resucitación cardiopulmonar requerido por la normativa sanitaria vigente.
Los parientes de Alarcón han protagonizado reiterados plantones pacíficos con pancartas en los exteriores del complejo judicial y del Ministerio de Salud, reclamando que la causa no quede en la impunidad y se tipifique la presunta infracción penal como homicidio culposo por mala práctica profesional.
Los abogados patrocinadores de la familia señalaron que durante la audiencia de cargos exigirán medidas cautelares privativas de libertad y la prohibición de enajenar bienes contra los médicos y auxiliares involucrados, con el fin de asegurar una reparación integral para la viuda e hijos menores de edad que quedaron en la orfandad.
El desenlace de este caso judicial sienta un precedente determinante sobre la estricta vigilancia que el Estado debe ejercer sobre consultorios odontológicos privados y clínicas de estética en la capital, garantizando que todo acto médico se realice bajo estándares éticos y de seguridad clínica innegociables.
El Colegio de Odontólogos de Pichincha y asociaciones médicas recordaron la obligación inexcusable de contar con protocolos estrictos de consentimiento informado y valoraciones preanestésicas completas antes de someter a pacientes a procedimientos quirúrgicos invasivos en consultorios privados.
Asimismo, los peritos forenses que intervinieron en la autopsia médico-legal ratificaron que el informe toxicológico completo ya consta en el expediente fiscal, aportando elementos de convicción decisivos para sustentar la acusación formal en la próxima audiencia preparatoria de juicio penal.
Los allegados a Luis Alarcón reiteraron que mantendrán su vigilia cívica en las inmediaciones del complejo judicial hasta que los operadores de justicia señalen el día y la hora para el juzgamiento de los cuatro profesionales investigados.
Diversos gremios de profesionales de la salud insistieron en que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y el cumplimiento irrestricto de las normas de bioseguridad constituyen el único camino viable para recuperar la confianza ciudadana en los servicios odontológicos y quirúrgicos de la provincia de Pichincha.
