- Empresas ligadas al procesado obtuvieron adjudicaciones en municipios de Los Ríos.
- Informes de inteligencia identifican a Zambrano como presunto financista criminal.
- Sercop y Contraloría auditan procesos de obras civiles y provisión de bienes estatales.
- Tribunales penales revisan el embargo de activos y cuentas bancarias corporativas.
Nuevas revelaciones judiciales exponen la penetración de estructuras delictivas en las compras públicas del Estado ecuatoriano. Documentos del portal de contratación oficial y pesquisas del Bloque de Seguridad señalan que Jackson Zambrano, procesado judicialmente como presunto operador logístico y financista del grupo terrorista Los Lobos, logró adjudicarse millonarios contratos con entidades públicas, principalmente en municipios y prefecturas de las provincias de Los Ríos y Guayas.
Contratación pública bajo la lupa de las autoridades de control
De acuerdo con registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las empresas asociadas a Zambrano participaron en licitaciones de mantenimiento vial, construcción de infraestructura comunitaria y provisión de insumos municipales. Pese a que las alertas de perfil de riesgo financiero estaban activadas en bases de datos interinstitucionales, las empresas consiguieron sortear los filtros iniciales de contratación estatal.
Las indagaciones de la Fiscalía General del Estado detallan que los fondos provenientes de las arcas públicas habrían servido como mecanismo de lavado de activos para inyectar liquidez de origen ilícito al sistema financiero formal. Los contratos bajo sospecha incluyen obras adjudicadas en cantones como Baba, Babahoyo y Milagro durante el último bienio.
Modalidades de contratación y empresas de fachada
Los expedientes recopilados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detallan que la red recurrió a prestanombres, parientes cercanos y exfuncionarios seccionales para constituir compañías de responsabilidad limitada en el ramo de la construcción civil. Dichas personerías jurídicas registraban incrementos patrimoniales exponenciales en cuestión de meses, participando en licitaciones de emergencia y contratos de ínfima cuantía que no requerían rigurosas verificaciones previas de solvencia técnica.
Los informes periciales establecen que en varios de los contratos viales ejecutados en la provincia de Los Ríos se sobrefacturaron volúmenes de asfalto y horas de maquinaria pesada, desviando los márgenes de ganancia hacia la adquisición de fincas ganaderas, vehículos de alta gama y lanchas fuera de borda empleadas para custodiar cargamentos ilícitos en afluentes fluviales. Las autoridades judiciales han solicitado a la banca privada congelar transacciones sospechosas vinculadas a todo el círculo societario investigado.
Medidas cautelares y peritajes financieros
Frente a la gravedad de los hallazgos, jueces de anticorrupción han dispuesto el bloqueo de activos corporativos, la retención de pólizas bancarias y la suspensión temporal de pagos pendientes en las instituciones públicas involucradas. Los peritos contables examinan si funcionarios de comisiones técnicas y directores de obras facilitaron los pliegos contractuales para favorecer a las compañías del investigado.
Este caso pone de manifiesto la urgencia de endurecer los controles para evitar que las organizaciones criminales se financien mediante presupuestos fiscales, una problemática prioritaria en las acciones del Estado contra el crimen transnacional que dialoga con los recientes resultados sobre operativos de captura de bandas de extorsión y crimen organizado. La Contraloría General del Estado ha iniciado exámenes especiales con el fin de remitir nuevos indicios de responsabilidad penal a la fiscalía anticorrupción.
Los peritajes técnicos practicados a los contratos viales revelaron que varias de las obras adjudicadas en cantones como Baba y Vinces presentaron actas de entrega-recepción provisional suscritas sin que los trabajos estuvieran concluidos en su totalidad. Esta maniobra administrativa permitía el desembolso acelerado de planillas de avance de obra, cuyos fondos eran transferidos casi de inmediato a cuentas personales de terceros para dificultar su rastreo por parte de los organismos de control financiero.
La cooperación entre la Policía Nacional y la Contraloría ha permitido congelar bienes inmuebles y maquinaria pesada valorada en cientos de miles de dólares, enviando un mensaje contundente contra el uso de personerías jurídicas creadas para cooptar presupuestos seccionales en beneficio de estructuras delictivas transnacionales.
Las comisiones de fiscalización municipal han sido notificadas para auditar las pólizas de fiel cumplimiento de contrato y los cronogramas valorados de trabajo, verificando si existieron omisiones intencionales en la supervisión de las obras viales.
