Este martes 21 de abril de 2026, la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito se convirtió en el epicentro de una intensa jornada de protesta. Militantes de Unidad Popular (UP) se concentraron y realizaron actos simbólicos, como encadenarse en los exteriores, para exigir el archivo definitivo del proceso de cancelación de su registro político. La dirigencia de la lista 2 califica la intención del organismo como una «persecución política» que busca silenciar a la oposición de cara a los próximos comicios.
Argumentos legales: Plazos vencidos y cifras oficiales
El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, fundamentó la defensa del partido en dos pilares jurídicos y técnicos:
- Vencimiento de plazos: El periodo legal para cancelar organizaciones políticas con miras a las elecciones de noviembre venció el pasado 3 de abril. Cualquier resolución posterior sería, según UP, extemporánea e ilegal.
- Militancia certificada: La organización asegura contar con 206,000 afiliados activos. Atarihuana destacó que el propio CNE certificó que las desafiliaciones no alcanzan ni el 1%, cumpliendo con creces los requisitos de ley para mantener la personería jurídica.
Estructura sólida y despliegue territorial
Pese a la incertidumbre administrativa, Unidad Popular ratificó que su maquinaria electoral está en marcha:
- Han completado asambleas en 11 provincias y avanzan en la renovación de directivas en las 24 jurisdicciones del país.
- Se declararon en «vigilia permanente» y anunciaron que los plantones se replicarán a escala nacional para alertar sobre riesgos al pluralismo político.
Rumbo a las elecciones de noviembre 2026
La organización política fue enfática al señalar que su nombre estará en la papeleta de las elecciones seccionales de noviembre. UP exige a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, actuar con imparcialidad y no ceder a presiones del Ejecutivo. Con esta movilización, el partido busca blindar su derecho a la participación y agotar todas las instancias legales para frenar lo que consideran un intento de «amordazar» la disidencia en el país.
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Fuente:
elcomercio
