La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha anunciado que regresará a Turquía dentro de un plazo de 30 días, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Servicio Exterior. Esta decisión fue confirmada por su abogada, Doménica Dávila, tras el reciente decreto emitido por el presidente Daniel Noboa, que exigía su traslado antes del 28 de diciembre. El caso ha generado una intensa polémica política y mediática en el país.
El plazo legal: 30 días, no cuatro
El presidente Noboa había ordenado a Abad viajar a Turquía para asumir funciones como consejera temporal de la embajada ecuatoriana en ese país, estableciendo un plazo de solo cuatro días. Sin embargo, la defensa de Abad asegura que esta disposición contradice la normativa vigente. Según el artículo 123 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, los funcionarios tienen un plazo de hasta 30 días para cumplir con órdenes de traslado.
Dávila destacó que cualquier intento del Ejecutivo de acusar a Abad de incumplimiento de funciones antes de que se cumpla dicho plazo sería ilegal. Este planteamiento surge en un contexto de enfrentamientos previos entre Abad y el Gobierno, incluyendo la suspensión de su cargo el mes pasado, la cual fue revertida por un fallo judicial.
Un conflicto político en ascenso
La relación entre la vicepresidenta y el presidente se ha deteriorado notablemente desde que ambos asumieron el poder. En una carta al país emitida el 24 de diciembre, Abad calificó la orden de su traslado a Turquía como un intento de “destierro” y un “nuevo insulto a los ecuatorianos”. Afirmó que esta acción forma parte de una estrategia de persecución política por parte del Ejecutivo.
La vicepresidenta criticó duramente a Noboa, a quien describió como un “pésimo enemigo” que, según ella, ha buscado eliminarla del escenario político para obtener ventajas electorales. Abad aseguró que no cederá en su lucha, prometiendo defender tanto su cargo como la democracia ecuatoriana.
Reacciones al decreto presidencial
El decreto que ordena el traslado de Abad a Turquía ha generado divisiones en la opinión pública y en el ámbito político. Por un lado, sectores aliados al Gobierno argumentan que la medida busca garantizar que la vicepresidencia se ajuste a las necesidades diplomáticas del país. Por otro lado, los críticos la ven como un intento de marginar a Abad de su rol en el escenario nacional.
Doménica Dávila calificó el plazo de cuatro días como “arbitrario” e “impracticable”, considerando la distancia geográfica y los preparativos necesarios para un traslado a Ankara. Además, resaltó que la disposición del Ejecutivo no toma en cuenta las normas establecidas, acusando al Gobierno de fomentar el incumplimiento de la ley.
El conflicto judicial y administrativo
La reciente suspensión de Abad por parte del Ministerio de Trabajo, supuestamente por retrasarse en el cumplimiento de órdenes presidenciales, fue anulada por una jueza. Este fallo permitió que la vicepresidenta recuperara su cargo, pero no evitó que el conflicto entre las dos máximas autoridades del Ejecutivo continuara escalando.
El lunes, tras recuperar su posición, Abad intentó ingresar a las instalaciones de la Vicepresidencia en Quito, pero no se le permitió el acceso. Según su relato, mientras enfrentaba esta negativa, el presidente Noboa emitía el decreto para su traslado inmediato a Turquía.
Implicaciones políticas y sociales
El enfrentamiento entre Noboa y Abad ha abierto un debate más amplio sobre el equilibrio de poderes en el Ejecutivo y la gobernabilidad en Ecuador. La vicepresidenta sostiene que su traslado forzoso busca neutralizarla políticamente, mientras que el Gobierno defiende la medida como una decisión administrativa legítima.
Este caso también ha puesto en el centro de atención la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que establece lineamientos claros sobre los plazos y procedimientos para la rotación de funcionarios, los cuales, según la defensa de Abad, han sido ignorados por el presidente.
El futuro de Verónica Abad
A pesar de las críticas y la controversia, Verónica Abad ha confirmado su intención de cumplir con las leyes ecuatorianas. Sin embargo, aún no ha especificado si emprenderá el viaje a Turquía, tal como lo establece el decreto presidencial. Lo que sí ha dejado claro es su compromiso con la defensa de los principios democráticos y su intención de seguir luchando contra lo que califica como “infames persecuciones”.
La próxima decisión de Abad será clave no solo para su futuro político, sino también para el curso de la administración de Daniel Noboa, que enfrenta un desafío en la gestión de este conflicto interno.
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