- Entre enero y el 10 de septiembre de 2026, Ecuador destruyó 1.119 campamentos de minería ilegal.
- Los operativos inutilizaron 1.748 bocaminas y provocaron una afectación económica de USD 4.659 millones a estructuras criminales.
- El sector formal reclama seguridad jurídica: hay hasta USD 300 millones en inversión potencial a la espera de certezas.
La minería ilegal pierde terreno en Ecuador tras una ofensiva militar sostenida durante 2026, pero el sector formal advierte que la inversión seria sigue esperando garantías de estabilidad jurídica. Entre enero y el 10 de septiembre de este año, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional destruyeron 1.119 campamentos vinculados a la extracción ilegal de oro y dejaron inutilizadas 1.748 bocaminas en distintas zonas del país.
Un golpe económico al crimen organizado
Según cifras oficiales recogidas en el reporte, los operativos representaron una afectación económica de USD 4.659 millones para las estructuras criminales que operan la minería ilegal en Ecuador. El decomiso de maquinaria fue uno de los componentes centrales de esa ofensiva: se incautaron 590 retroexcavadoras y 537 clasificadoras, además de 395 dragas que fueron inutilizadas en operativos fluviales.
El oro es uno de los minerales más codiciados por el crimen organizado transnacional debido a su alto precio internacional, la dificultad para rastrear su origen una vez fundido y la relativa facilidad de su extracción artesanal en comparación con otros minerales. El metal llegó a superar los USD 5.500 por onza en enero de 2026 y actualmente se mantiene alrededor de los USD 4.000, un nivel que sigue haciendo rentable la actividad ilegal pese a la presión de los operativos.
Grupos criminales detrás de la extracción ilegal
Las estructuras identificadas detrás de buena parte de la minería ilegal en el país incluyen a bandas como Los Lobos, Los Tiguerones y los Comandos de la Frontera, este último un grupo armado de origen transnacional con presencia en zonas fronterizas. El Ministerio de Defensa ha calificado estas operaciones como parte de estructuras criminales transnacionales que combinan minería ilegal con otras economías ilícitas, en coordinación con organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), encargada de rastrear el flujo de dinero generado por esta actividad.
Ecuador Noticias 360 ya había reportado cómo el país enfrenta a más de 41.000 miembros de crimen organizado bajo la Ley Antimafias, un marco legal que también se ha aplicado en la persecución de estructuras vinculadas a la minería ilegal. En la misma línea, este medio reportó la detención de nueve presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera en un operativo reciente.
Una ofensiva sostenida durante todo el año
El ritmo de los operativos contra la minería ilegal se ha mantenido de forma constante a lo largo de 2026, según el balance acumulado hasta el 10 de septiembre. La combinación de destrucción de campamentos, inutilización de bocaminas y dragas, y decomiso de maquinaria pesada apunta a debilitar simultáneamente la capacidad operativa de estas estructuras y su capacidad de recuperación logística, un factor que en años anteriores había permitido que la actividad ilegal se reactivara poco después de cada intervención puntual.
Detrás de esa estrategia está la lógica de golpear no solo la extracción en sí, sino también los eslabones de la cadena que la sostienen: el transporte de maquinaria, el financiamiento de los campamentos y el lavado del oro extraído ilegalmente hacia el mercado formal, un frente en el que la UAFE cumple un rol de seguimiento financiero paralelo a las operaciones militares en el terreno.
El otro lado: la minería formal pide certezas
Mientras el Estado golpea la extracción ilegal, el sector minero formal registra señales mixtas de crecimiento que, según sus representantes, podrían ser mayores si existiera un marco de estabilidad jurídica más sólido. Las exportaciones mineras del país alcanzaron USD 2.600 millones en el primer semestre de 2026, con una proyección de cierre anual de hasta USD 5.000 millones, impulsadas en parte por los precios altos del oro en los mercados internacionales.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), María Eulalia Silva, fue clara sobre la principal traba que enfrenta el sector para capitalizar ese buen momento de precios: «La falta de seguridad jurídica impide que lleguen inversiones serias», afirmó. Según Silva, ese factor de riesgo mantiene en pausa decisiones de inversión que podrían generar empleo formal y encadenamientos productivos legales en las zonas donde hoy opera la minería ilegal.
Proyectos a la espera de definiciones
Entre los proyectos que ilustran ese potencial de inversión formal se encuentra la alianza entre la empresa pública Enami EP y la compañía Boroo Pte. Ltd., que en conjunto representan hasta USD 300 millones en inversión potencial para el sector minero ecuatoriano. Ese monto, sin embargo, depende de que se resuelvan las condiciones de seguridad jurídica que el gremio minero ha señalado como el principal freno para atraer capital adicional.
El contraste entre una minería ilegal en retroceso operativo y una minería formal que reclama condiciones más claras resume el momento que atraviesa el sector extractivo en Ecuador: los operativos militares han logrado golpear la logística del crimen organizado, pero el reto de convertir ese terreno recuperado en inversión legal y sostenida sigue pendiente, según el propio gremio.
