Las elecciones seccionales de 2026 presentan un escenario marcado por procesos judiciales y sanciones electorales que afectan a varias autoridades locales. Ocho alcaldes y un prefecto han visto comprometidas sus aspiraciones de reelección o de participar en otros cargos, debido a investigaciones penales o a la pérdida de sus derechos políticos.
Asimismo, el movimiento Plan 77 desistió de la nominación de Darío Macas como precandidato a la Prefectura de El Oro, modificando el panorama político de esa provincia antes del inicio oficial de las inscripciones.
Procesos penales frenan aspiraciones electorales
Los alcaldes Aquiles Alvarez, de Guayaquil; José Arroyo, de Pujilí; Vicko Villacís, de Esmeraldas; Ángela Plúa, de Jipijapa; y Darío Macas, de Machala, enfrentan procesos penales por presuntos delitos como lavado de activos, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Actualmente, todos cumplen medidas de prisión preventiva en diferentes centros de privación de libertad del país. Debido a esta situación, no pudieron intervenir en los procesos de democracia interna de sus respectivas organizaciones políticas, desarrollados entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026.
El Código de la Democracia establece que cada precandidato debe firmar personalmente el acta de aceptación de su nominación. Por esa razón, su participación quedó impedida tanto de manera presencial como telemática.
Darío Macas fue nominado, pero luego retirado
El caso de Darío Macas tuvo un desarrollo diferente. El movimiento provincial Plan 77 sí lo eligió como precandidato a la Prefectura de El Oro durante sus elecciones internas. Incluso, alcanzó a firmar oficialmente la aceptación de la candidatura.
Sin embargo, la mañana del 12 de julio de 2026, la organización política anunció públicamente que desistía de postularlo.
Según el comunicado emitido por el movimiento, la decisión respondió a un proceso de diálogo, evaluación y análisis estratégico desarrollado por la dirigencia y la militancia.
Además, la organización agradeció el respaldo recibido por parte de ciudadanos de distintos cantones de El Oro que apoyaban dicha precandidatura.
Sanciones del TCE afectan derechos políticos
Otro grupo de autoridades quedó fuera del proceso electoral por decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los alcaldes Javier Pincay, de Portoviejo; Cristian Zamora, de Cuenca; y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayunpanda, fueron sancionados con la pérdida de sus derechos de participación política por supuestos casos relacionados con violencia política de género.
En el caso de Pincay, la sanción corresponde a dos años inicialmente, aunque finalmente quedó reducida a seis meses. El proceso se relaciona con la falta de participación en el debate electoral obligatorio durante las elecciones de 2023. Aunque continúa ejerciendo la Alcaldía, no pudo intervenir en las elecciones primarias.
Por su parte, Cristian Zamora recibió una sanción de seis meses tras una denuncia presentada por la concejala Diana González por presunta violencia política de género. La resolución quedó ejecutoriada recientemente y, como consecuencia, dejó el cargo de alcalde.
Las organizaciones políticas definieron reemplazos
Ante la imposibilidad de participar de sus principales figuras, las organizaciones políticas optaron por nuevos precandidatos.
El partido Avanza designó a Héctor Párraga, quien se desempeñaba como gerente de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del cantón Portoviejo durante la administración de Javier Pincay.
Mientras tanto, el movimiento Renace inicialmente nominó a Consuelo Orellana como aspirante a la Alcaldía de Cuenca. No obstante, posteriormente concretó una alianza con el Partido Socialista y decidió respaldar la candidatura de Juan Cristóbal Lloret para ese cargo. Orellana pasó entonces a ser precandidata a la Prefectura del Azuay.
El caso de Hermel Tayunpanda aún no está definido
La situación del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayunpanda, mantiene un escenario distinto.
Él fue nominado oficialmente por el movimiento Futuro 20 para buscar la reelección y firmó personalmente la aceptación de la candidatura. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral lo sancionó por una denuncia presentada por la viceprefecta Mónica Loza por supuesta violencia política de género.
Esa resolución todavía no se encuentra en firme, debido a que fue apelada tanto por Tayunpanda como por la organización política que respalda su candidatura.
Inscripciones definirán el futuro electoral
Las inscripciones oficiales de candidaturas se desarrollarán entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.
Si hasta ese período la sanción contra Hermel Tayunpanda no queda ejecutoriada, podrá inscribirse oficialmente para buscar la reelección. No obstante, si posteriormente la sanción queda en firme y obtiene la victoria electoral, no podría ejercer el cargo.
De esta manera, los escenarios electorales de los alcaldes y prefectos procesados continúan evolucionando en medio de procesos judiciales y resoluciones electorales que podrían modificar nuevamente la conformación de las candidaturas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
Fuente: https://www.eluniverso.com/
