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Guayaquil concentra 34% de reclamos a CNEL y causa por cobro llega a juzgado

Usuarios esperan turno para ingresar reclamos en agencia de CNEL en Guayaquil
4 min de lectura
  • Guayaquil encabezó las quejas nacionales contra CNEL con más de 18.000 reclamos por planillas de luz.
  • Usuarios denuncian aumentos de hasta el 200% y 300% en facturas del mes de septiembre de 2026.
  • Una comerciante llevó a la empresa pública ante los tribunales tras el cobro de una deuda de 1.838 dólares.
  • El juez penal rechazó el archivo por prescripción y convocó a las partes a audiencia el 7 de octubre.

El malestar ciudadano por el incremento desmedido en las planillas de energía eléctrica en Guayaquil escaló de las agencias de atención al cliente hasta los tribunales de justicia. Con más de 18.368 quejas formales registradas en el último ejercicio de rendición de cuentas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), la Unidad de Negocio Guayaquil concentra el 34,4% del total nacional de reclamos del servicio eléctrico, superando ampliamente a filiales de Manabí y Los Ríos.

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Durante las últimas semanas de septiembre de 2026, decenas de abonados en sectores populares del sur y suroeste de la urbe denunciaron incrementos que superan el 200% y 300% en los valores a pagar. Casos como el de Juan Morales, adulto mayor de 67 años, reflejan la inconformidad: su factura saltó de 4,94 a 15,68 dólares pese a que su inmueble permaneció deshabitado durante más de dos meses por un viaje familiar. En el norte de la ciudad, otro usuario evidenció que su pago mensual habitual de 45 dólares trepó a 125 dólares sin alteración en sus hábitos domésticos.

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Acción judicial por cobro indebido y daños y perjuicios

La tensión tarifaria derivó en acciones judiciales formales. En la Unidad Judicial Penal de Contravenciones de Guayaquil, la comerciante Xiomara Elizabeth F. V., habitante del sector de La Chala, impulsa una demanda contra CNEL EP por daños y perjuicios, luego de recibir cobros acumulados por un valor de 1.838 dólares pese a que peritajes técnicos iniciales de la propia empresa determinaron que el medidor no presentaba adulteraciones mecánicas y que se trataba de un error de facturación.

Ante la falta de solución en ventanillas de servicio, la usuaria acudió con su reclamo ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador, entidad que emitió un informe técnico de ‘Imposibilidad de Acuerdo’ luego de que la distribuidora pública ratificara la legalidad del cobro y amenazara con el corte de suministro. En el proceso civil, la defensa de CNEL solicitó el archivo de la causa alegando la prescripción de los consumos; sin embargo, el juez de la causa rechazó el recurso y citó a la audiencia definitiva de juzgamiento para el 7 de octubre de 2026.

Explicación oficial y revisión del pliego tarifario

Frente a la ola de reclamos en la Costa, el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, manifestó que el aumento en los valores facturados en zonas cálidas suele responder al uso intensivo de equipos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración doméstica que trabajan a mayor potencia debido a las elevadas temperaturas ambientales. No obstante, el secretario de Estado anunció el compromiso de revisar el pliego tarifario nacional con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El litigio colectivo en Guayaquil refleja las crecientes problemáticas socioeconómicas de los hogares urbanos ante el encarecimiento de servicios básicos, en tanto las autoridades del sector eléctrico promueven proyectos de generación para reforzar el sistema nacional y optimizar la precisión de las lecturas domiciliarias.

Vigilancia ciudadana y pedidos de auditoría externa

Diversos gremios barriales y asociaciones de consumidores del Gran Guayaquil han solicitado a la Contraloría General del Estado y a la Defensoría del Pueblo que ejecuten una auditoría integral sobre los sistemas de telemedición y facturación de CNEL EP. Los usuarios cuestionan la aplicación de lecturas estimadas en lugar de mediciones presenciales directas, señalando que los cobros distorsionados afectan el presupuesto de las familias de menores ingresos en medio de la difícil coyuntura económica del país.

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