- Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para 36 capturados en una operación binacional.
- La red narcodelictiva operaba como brazo logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador.
- Los cargamentos de cocaína se camuflaban en contenedores de banano de exportación hacia Europa y EE. UU.
- La justicia ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar vehículos incautados.
Un juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra 36 presuntos integrantes de una estructura criminal transnacional vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de formulación de cargos sustentada por la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por delincuencia organizada y tráfico ilícito de sustancias a gran escala.
Junto con el encarcelamiento provisional de los procesados, el magistrado acogió el pedido fiscal y dispuso la retención de los fondos económicos que los acusados mantienen en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar decenas de vehículos, camiones y cabezales que permanecen bajo cadena de custodia en los centros de acopio policial de la Zona 8.
Operación binacional y allanamientos en Samborondón
Las capturas que dieron origen a este proceso judicial se ejecutaron en un megaoperativo coordinado por la Policía Nacional del Ecuador en conjunto con agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y personal del Comando Sur norteamericano. La incursión movilizó a más de 320 agentes ecuatorianos y 50 efectivos estadounidenses en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, supervisados en territorio por el ministro del Interior, John Reimberg.
Entre los aprehendidos constan los principales cabecillas de la red: el presunto líder operativo, capturado en una exclusiva residencia del sector de Puerto Mocolí, en Samborondón, y el presunto financista y lavador de activos de la organización, aprehendido en la urbanización Riberas del Batán del mismo cantón guayasense.
Modus operandi con empresas exportadoras de banano
La investigación, desarrollada a lo largo de ocho meses, determinó que la red utilizaba haciendas agrícolas, bodegas clandestinas e inmuebles rurales en Los Ríos y Guayas para acopiar cargamentos de alcaloide procedentes del sur de Colombia. Posteriormente, la droga era trasladada en vehículos con compartimentos ocultos hacia puertos marítimos de Guayaquil, Posorja y Puerto Bolívar, donde contaminaban contenedores refrigerados cargados con banano de exportación dirigidos a puertos de Europa, Estados Unidos y Centroamérica.
El expediente judicial atribuye a esta organización el envío frustrado de al menos 6.190 paquetes de clorhidrato de cocaína incautados durante 2026. Entre estos decomisos figuran 1.250 paquetes interceptados el 20 de febrero en la vía costera, 500 paquetes detectados el 24 de febrero en el puerto de Posorja, 1.440 paquetes en la ciudadela Alborada de Guayaquil, 2.000 paquetes en Los Ríos en abril y 1.000 paquetes incautados en julio en La Esperanza.
Medidas de máxima seguridad y posible extradición
Ante la peligrosidad y el alcance económico de la estructura criminal, las autoridades del Ministerio del Interior señalaron que los principales acusados serán trasladados a la Cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena, centro penitenciario de máxima seguridad. Asimismo, no se descartó que varios de los procesados sean formalmente requeridos en extradición por tribunales federales de Estados Unidos.
Esta decisión en los tribunales del Consejo de la Judicatura refuerza la estrategia del Estado ecuatoriano donde se desarrollan allanamientos conjuntos con agencias internacionales para desmantelar la logística financiera del narcotráfico, en paralelo a procesos judiciales por tráfico marítimo ilícito que buscan cerrarle el paso a los cárteles internacionales.
Desarticulación del lavado de activos en el sector bananero
Los peritajes financieros de la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) establecieron que la red empleaba compañías ficticias y fachadas comerciales legalmente constituidas para gestionar cupos de exportación agrícola. Mediante este mecanismo, el dinero ilícito retornado desde el exterior ingresaba simulado como pago por embarques de fruta, blanqueando millones de dólares en la economía formal.
La instrucción fiscal profundizará el rastreo de bienes muebles, haciendas bananeras y cuentas offshore ligadas a los 36 procesados, en un esfuerzo por desmantelar el entramado societario que servía de soporte al CJNG en el territorio ecuatoriano.
