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Ley antimafia en Ecuador: expertos advierten que sin golpear el dinero del crimen no habrá resultados reales

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Una propuesta que busca desarticular las finanzas criminales

El Gobierno de Ecuador impulsa una nueva propuesta de ley antimafia que será presentada ante la Asamblea Nacional con el objetivo de debilitar las estructuras económicas de las mafias y combatir de forma más efectiva al crimen organizado.

Ley antimafia en Ecuador

Según lo planteado, esta normativa no se enfocaría únicamente en endurecer penas, sino en reorganizar el marco jurídico del Estado para actuar con mayor rapidez sobre los activos, bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.

La iniciativa toma como referencia el modelo italiano, reconocido por su experiencia en el combate a asociaciones mafiosas y en la persecución patrimonial de redes delictivas.

Los tres pilares fundamentales del proyecto

La propuesta se basa en tres principios esenciales. El primero apunta al combate de las finanzas criminales para debilitar la base económica de las mafias.

El segundo busca establecer reglas claras para la actuación estatal frente a grupos criminales, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional.

El tercero propone una reestructuración integral de la política criminal, articulando seguridad, justicia, inteligencia, economía y administración de bienes como un solo sistema de acción coordinada.

Analistas: atacar el dinero es atacar la raíz del problema

El especialista en derecho penal Kléber Siguencia considera que esta ley puede generar un impacto positivo en la seguridad del Estado ecuatoriano.

Explica que actualmente el crimen organizado maneja estructuras financieras altamente sofisticadas, movilizando miles de millones de dólares mediante redes complejas que funcionan casi como instituciones financieras clandestinas.

Según el experto, estas organizaciones cuentan con mecanismos para ocultar, custodiar y administrar grandes cantidades de dinero ilícito, lo que fortalece delitos como narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y sicariato.

Por ello, sostiene que cercar la economía criminal permitiría reducir significativamente su capacidad operativa.

Decomiso de bienes y recuperación de activos ilícitos

Uno de los puntos más relevantes sería la posibilidad de simplificar procesos para recuperar bienes obtenidos ilegalmente y destinarlos a fines sociales o de seguridad pública.

Aunque desde 2021 existe la Ley de Extinción de Dominio, los especialistas consideran que aún hay espacio para agilizar procedimientos y evitar trabas burocráticas.

Siguencia sugiere que el decomiso penal debe aplicarse únicamente cuando exista una comprobación clara del origen ilícito de los bienes, evitando errores que puedan afectar a personas inocentes.

Mientras avanza una investigación, propone aplicar medidas como la prohibición de enajenar bienes para impedir que estos sean vendidos o transferidos antes de una sentencia definitiva.

Evitar el populismo penal será clave

Daniel Pontón y René Betancourt, analistas en seguridad y crimen organizado, coinciden en que la ley debe evitar convertirse en una simple herramienta de discurso político.

Advierten que sin integración institucional, control financiero real, persecución patrimonial efectiva y una administración transparente de los bienes decomisados, la normativa podría caer en “populismo penal”.

También resaltan la necesidad de fortalecer controles en el sistema bancario, aduanero, comercial, fronterizo, penitenciario y judicial para detectar dinero no declarado y adquisiciones injustificadas.

El reto real: desmontar la economía del crimen

Los expertos insisten en que el verdadero éxito de esta ley no estará en su nombre ni en el endurecimiento de sanciones, sino en su capacidad para desmontar las economías que sostienen al crimen organizado.

Desde el Ejecutivo, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa respaldan la iniciativa, calificándola como una herramienta fundamental para fortalecer el trabajo de las fuerzas del orden.

La discusión ahora se centrará en la Asamblea Nacional, donde se definirá si esta propuesta logra convertirse en una herramienta efectiva contra las mafias o en una nueva promesa sin impacto real.

Fuente: El Universo

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