- El Ejecutivo remitió formalmente la propuesta a la Corte Constitucional para su calificación.
- Se busca que las Fuerzas Armadas operen en seguridad ciudadana sin necesidad de excepción.
- El trámite legislativo requerirá dos debates parlamentarios separados por un lapso reglamentario.
- La aprobación definitiva deberá ser ratificada por la ciudadanía en las urnas mediante referéndum.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, presentó formalmente este 23 de septiembre de 2026 ante la Corte Constitucional del Ecuador un proyecto de reforma parcial a la Constitución para facultar a las Fuerzas Armadas a participar de forma permanente en operaciones de seguridad interna y combate al terrorismo, en estrecha concordancia con las iniciativas de fortalecimiento normativo debatidas en el país sobre la actualización de leyes de aviación, soberanía del espacio público y seguridad institucional.
La propuesta oficial modifica la redacción del artículo 158 de la Carta Política con el propósito de establecer que la institución militar brinde respaldo táctico complementario a la Policía Nacional de forma continua, evitando tener que recurrir recurrentemente a declaratorias de estado de excepción que cuentan con plazos temporales estrictos y limitaciones operativas de carácter legal.
Control constitucional y procedimiento legislativo
El alto tribunal constitucional deberá calificar en primera instancia la vía jurídica para tramitar la reforma. Los analistas legales prevén que los magistrados dictaminen que la iniciativa corresponde a una reforma parcial que requiere aprobación parlamentaria previa y votación popular en referéndum, al tratarse de una modificación estructural en las competencias de los cuerpos de seguridad del Estado.
Una vez admitida, la propuesta será enviada al pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, donde las diversas bancadas deberán designar una comisión multipartidista encargada de procesar el articulado en dos debates obligatorios, garantizando audiencias de consulta con organizaciones de la sociedad civil y mandos castrenses.
Doctrina de derechos humanos y equipamiento militar complementario
El texto remitido a la Corte Constitucional puntualiza que la participación militar en el control interno se mantendrá bajo los estándares internacionales de proporcionalidad y estricto respeto a los derechos humanos, estableciendo que las unidades castrenses recibirán capacitación permanente en manejo de multitudes, custodia de evidencias y primeros auxilios tácticos impartidos por instructores certificados.
Asimismo, la reforma contempla la asignación prioritaria de fondos para la modernización de flotas terrestres y sistemas de comunicación encriptada en los comandos conjuntos desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí, asegurando que la interoperabilidad entre soldados y policías responda a protocolos técnicos transparentes y auditables por la sociedad civil.
Posiciones políticas y garantías de derechos fundamentales
Desde el bloque gubernamental Acción Democrática Nacional (ADN) se remarcó que la medida responde al clamor ciudadano por frenar la delincuencia organizada y la extorsión en zonas de alta conflictividad social. Por su parte, sectores de oposición y entidades de derechos humanos señalaron que la actuación militar en tareas policiales debe incluir mecanismos estrictos de rendición de cuentas para preservar las libertades públicas.
El proyecto del Ejecutivo también contempla la asignación de recursos fiscales específicos para la dotación de equipamiento balístico, tecnología de vigilancia aérea y vehículos de combate blindados para las brigadas desplegadas en el litoral.
Respaldo ciudadano y debate preelectoral
Sondeos de opinión recientes reflejan un contundente respaldo popular a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para disuadir delitos de alto impacto. No obstante, analistas constitucionales advierten que el éxito de la reforma requerirá un marco doctrinario claro que capacite a los militares en procedimientos de policía comunitaria y preservación de escenas del crimen.
Con esta iniciativa, el Gobierno procura dotar al Estado ecuatoriano de un marco jurídico sólido y perdurable que asegure la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sin depender de decretos de emergencia temporales.
