- Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Paraguay suscribieron el pacto.
- La iniciativa multilateral fue promovida activamente por la legisladora oficialista Valentina Centeno.
- El convenio crea una red de intercambio inmediato de información financiera y control marítimo.
- El objetivo central apunta a asfixiar las rutas del narcotráfico y el lavado de activos transfronterizo.
En un trascendental paso diplomático para fortalecer la seguridad en el continente, Ecuador y siete naciones de América Latina suscribieron un acuerdo regional vinculante contra el crimen organizado transnacional. El documento multilateral, impulsado desde el Parlamento ecuatoriano por la jefa de la bancada oficialista Valentina Centeno con el respaldo del Gobierno Nacional, establece un marco operativo sin precedentes para desmantelar redes criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas.
Ejes estratégicos de cooperación policial y financiera
El pacto reúne a los gobiernos de Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Paraguay y Ecuador. Entre sus compromisos medulares destaca la creación de una plataforma de inteligencia financiera interconectada que permitirá rastrear y congelar de forma expedita cuentas bancarias y bienes muebles vinculados al lavado de activos del narcotráfico de acuerdo con lineamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las articulaciones diplomáticas contra la delincuencia transnacional coinciden con momentos de rigurosa fiscalización judicial en el plano nacional, donde los órganos competentes actúan con apego a las normas procesales como cuando el TCE archiva denuncia contra Roberta Zambrano por fallas procesales en el marco de las garantías comiciales.
Blindaje marítimo e interdicción conjunta
El acuerdo contempla además el diseño de patrullajes navales combinados en las rutas marítimas del océano Pacífico y el mar Caribe, puntos por donde transita la mayor parte de los cargamentos ilícitos con destino a los mercados de Estados Unidos y Europa según reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La iniciativa prevé la homologación de normativas penales para agilizar las solicitudes de extradición de cabecillas prófugos.
Durante la ceremonia protocolar, la asambleísta Valentina Centeno subrayó que las mafias operan sin fronteras geográficas, por lo que la única respuesta efectiva radica en la articulación coordinada de los Estados democráticos para recuperar la paz y el desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos.
La cooperación judicial entre los ocho países firmantes facilitará la creación de equipos conjuntos de investigación para desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión transfronteriza y al sicariato por encargo. Los ministerios de Gobierno y del Interior coordinarán talleres operativos para capacitar a fiscales y policías en técnicas avanzadas de rastreo de criptoactivos y finanzas ilícitas.
La asambleísta Valentina Centeno destacó que este pacto regional posiciona a Ecuador como un referente proactivo en la diplomacia de seguridad internacional, demostrando que la voluntad política es clave para devolver la paz a la región.
Los cancilleres de las naciones firmantes acordaron celebrar reuniones semestrales de seguimiento para medir la efectividad de las medidas conjuntas y ajustar las estrategias operativas frente a las nuevas modalidades de delincuencia organizada internacional.
La integración regional y la cooperación policial multilateral se consolidan como las herramientas más eficaces para proteger la soberanía y la tranquilidad de las familias en toda América Latina, enviando un mensaje contundente de unidad frente a las amenazas del narcotráfico transnacional.
Los representantes diplomáticos coincidieron en que el fortalecimiento de los controles en puertos y aeropuertos internacionales es una prioridad compartida para frenar el trasiego de sustancias ilícitas y blindar el comercio exterior de los países de la región.
La asamblea legislativa ecuatoriana continuará impulsando reformas complementarias que faciliten la incautación de bienes ilícitos y su destinación a programas de desarrollo social.
