- El juez Ángel Torres sancionó a Guillermo Churuchumbi con una multa pecuniaria de 12.050 dólares.
- La sentencia electoral no suspende los derechos políticos del aspirante ni cancela al movimiento indígena.
- La falta administrativa corresponde a la entrega fuera de plazo de balances del referéndum de 2024.
- Militantes de la Revolución Ciudadana y bases sociales expresaron su respaldo al candidato de Pichincha.
El coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik confirmó este 23 de septiembre de 2026 que la candidatura de Guillermo Churuchumbi a la Prefectura de Pichincha continúa en firme para las próximas elecciones seccionales. La aseveración del dirigente comunitario se produce tras la resolución de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, fallo que estableció una sanción económica pero mantuvo intactos sus derechos de participación política.
La causa electoral fue tramitada por el magistrado Ángel Torres a partir de una queja promovida por José Cabrera, integrante del Consejo Nacional Electoral. El organismo comicial observó la presentación tardía de los justificativos contables y balances de campaña correspondientes al referéndum y consulta popular de abril de 2024, otorgando al sancionado un plazo perentorio de 60 días para cancelar un monto de 12.050 dólares.
La candidatura de Guillermo Churuchumbi frente a la resolucion del TCE
La legislación electoral contempla penas pecuniarias que van desde 20 hasta 70 salarios básicos unificados por irregularidades en informes financieros. El Código de la Democracia prevé también sanciones gravosas como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años e inclusive la disolución del registro partidario. Sin embargo, el fallo se limitó a la sanción económica más atenuada, lo que deja expedito el camino para la candidatura de Guillermo Churuchumbi en los comicios provinciales.
Representantes del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador recordaron que la resolución no adquiere firmeza inmediata, ya que la parte procesada dispone de los recursos legales de aclaración y apelación ante las salas del pleno. La dirigencia de Pachakutik comunicó que recurrirá a las instancias correspondientes para solicitar la nulidad del castigo financiero.
En declaraciones públicas, Churuchumbi manifestó que los requerimientos contables fueron subsanados dentro de los márgenes razonables y atribuyó la controversia a presiones políticas que buscan obstaculizar la organización comunitaria en la provincia de Pichincha.
Alianzas y contexto de sanciones en el escenario electoral
Tras la difusión del dictamen judicial, figuras de la Revolución Ciudadana, movimiento que mantiene conversaciones de coincidencia electoral con sectores de Pachakutik, rechazaron la sanción e instaron a estructurar una agenda común de cara a las votaciones seccionales.
El rigor en la aplicación de las normativas de control electoral se enmarca en un calendario estricto impulsado por el Consejo Nacional Electoral, institución que vigila la obligatoriedad de los procesos democráticos, tal como ocurre con las disposiciones donde se advierte que la multa por no votar sera de 48 dolares para los ciudadanos con sufragio obligatorio.
Los equipos técnicos de Pachakutik ratificaron que continuarán con las asambleas territoriales en las parroquias rurales de Quito y cantones vecinos para consensuar las listas definitivas de concejales y vocales de juntas parroquiales.
Analistas políticos destacan que la ratificación de las candidaturas de oposición en Pichincha reconfigura las correlaciones de fuerzas en la Sierra central, donde el voto rural y suburbano desempeñará un papel determinante en los comicios venideros.
La dirigencia indígena enfatizó que mantendrá su presencia en foros ciudadanos y debates públicos para socializar su plan de gobierno provincial en vialidad, fomento productivo y riego comunitario.
Asimismo, los colectivos sociales y delegaciones de base anunciaron que preparan vigilias pacíficas en las inmediaciones del tribunal electoral para vigilar la resolución definitiva del recurso de apelación presentado por el equipo legal del postulante, reafirmando el respaldo popular a su liderazgo.
