- La Policía Nacional detuvo a diez adultos y aisló a dos menores de edad por cobro de extorsiones en cuatro distritos de Guayaquil.
- Los operativos Libertad 1047 a 1052 evitaron el desembolso de USD 33.400 exigidos a comerciantes e ingenieros bajo amenazas de muerte.
- Agentes de la UNASE y del Grupo de Intervención y Rescate allanaron inmuebles en Nueva Prosperina, Portete, Pascuales y Esteros.
- Los uniformados incautaron 16 teléfonos móviles, dinero en efectivo, panfletos extorsivos, sobres de manila y una motocicleta.
Agentes de la Dirección de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (UNASE), en coordinación táctica con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional del Ecuador, ejecutaron seis operativos simultáneos durante la madrugada en Guayaquil, logrando la aprehensión de diez adultos y el aislamiento preventivo de dos adolescentes de 15 años presuntamente involucrados en redes organizadas de extorsión que atemorizaban a profesionales, pequeños comerciantes y transportistas urbanos.
Las intervenciones policiales, clasificadas bajo los códigos operativos Libertad 1047 al 1052, se concentraron en los distritos Nueva Prosperina, Portete, Pascuales y Esteros. De acuerdo con el balance institucional presentado por el general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, la rápida acción de las unidades investigativas evitó que las víctimas entregaran un monto acumulado de USD 33.400 que los delincuentes exigían bajo amenazas directas de atentados con artefactos explosivos contra viviendas y negocios.
Modus operandi y exigencias mensuales a profesionales
Uno de los casos más relevantes resueltos en esta ofensiva corresponde al Operativo Libertad 1051 en el distrito Esteros, iniciado tras la denuncia de un ingeniero de 50 años a quien los extorsionadores le exigían un pago mensual de USD 8.000 mediante mensajes continuos de WhatsApp para no atentar contra la vida de sus obreros y su familia. Cuatro de los sospechosos fueron capturados en flagrancia mientras intentaban coordinar el cobro extorsivo.
En las demás intervenciones en Nueva Prosperina y Pascuales, las exigencias económicas oscilaban entre USD 500 y 2.000, conocidas popularmente como «vacunas». Durante los allanamientos, los peritos de Criminalística levantaron como indicios probatorios 16 teléfonos celulares utilizados para enviar panfletos intimidatorios, diez comprobantes bancarios de depósitos forzados, dos sobres de manila con advertencias manuscritas, un dispositivo de almacenamiento digital, una motocicleta retenida y dinero en efectivo. La fiscalía analiza las trazas bancarias para desarticular el flujo ilícito.
La intervención oportuna de los equipos antisecuestros evita que la violencia escale a episodios sangrientos como el registrado en la provincia de El Oro cuando un ataque armado en una camaronera de Machala dejó tres trabajadores fallecidos a manos de grupos que disputan territorios acuícolas.
Denuncias ciudadanas por código QR y judicialización
El comandante de la Zona 8 destacó que las capturas fueron posibles gracias a la información reservada que los ciudadanos ingresan a través del sistema de códigos QR y buzones anónimos promovidos por el Ministerio del Interior del Ecuador. Dicha herramienta tecnológica permite georreferenciar las amenazas en tiempo real y desplegar equipos encubiertos de seguimiento.
La fiscal de turno en la Fiscalía General del Estado dispuso el inicio de la instrucción fiscal por el delito de extorsión tipificado en el artículo 185 del COIP, que sanciona estas conductas con penas de cinco a siete años de prisión, agravadas cuando se utiliza a menores de edad para la entrega de panfletos y cobro de dinero. Los uniformados mantienen bajo custodia los indicios para sustentar el juicio penal.
La instrumentalización de adolescentes por parte de bandas criminales representa una táctica recurrente en el litoral, observada recientemente cuando cayeron en moto dos presuntos extorsionadores con lista de cobros en Esmeraldas involucrando a jóvenes en actos delictivos.
La Policía reafirmó que no dará tregua a las bandas que buscan someter la economía popular, coordinando el traslado de líderes peligrosos a centros de máxima seguridad, de forma similar al operativo donde Comandante 7 llegó a la cárcel El Encuentro tras ser expulsado de Colombia, desarticulando las cadenas de mando de las organizaciones criminales.
