La tarde del 25 de junio de 2024, se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Celu. Los imputados son Pablo Celi, excontralor, y Luis Miño, exdirector de Responsabilidades en la Contraloría. La fiscal Diana Salazar presentó los indicios recopilados durante la investigación preliminar, apuntando a Celi y Miño, quien era uno de sus colaboradores cercanos.
Salazar explicó que, además de Celi y Miño, Hans Coloma, otro exfuncionario de la Contraloría, también está siendo investigado por su participación en la eliminación de una glosa de USD 112 millones en favor de la telefónica móvil Conecel (Claro). Según la Fiscalía, en septiembre de 2018, la Contraloría emitió un informe de auditoría que establecía una responsabilidad civil por USD 111,9 millones debido a la subvaloración de las bandas adicionales adjudicadas a Claro.
La fiscal indicó que, tras la predeterminación de la glosa, esta debía ser ratificada por la Dirección de Responsabilidades, dirigida entonces por Luis Miño, y firmada por el Contralor General. Durante este proceso, Claro presentó informes de tres consultores contratados por la empresa, argumentando que la determinación de las bandas no era procedente, lo que justificaba la eliminación de la glosa.
Nelson V., analista de Responsabilidades, se negó a desvanecer la glosa, argumentando que los informes presentados eran copias simples sin validez legal. A pesar de la presión de Miño y Coloma, Nelson V. preparó un proyecto que ratificaba la glosa, lo que llevó a su reasignación y posterior desvinculación de la Contraloría. Finalmente, Miño y Coloma ejecutaron la eliminación de la glosa, firmada por Pablo Celi.
La Fiscalía presentó además la transcripción de un chat entre Celi y Daisy G., exdirectora de Auditoría Interna, quien agradeció a Celi por su apoyo y mencionó su silencio respecto a las irregularidades, incluyendo el caso de Claro.
Tras la exposición, Salazar solicitó mantener el arresto domiciliario de Celi y la prisión preventiva para Miño. La defensa de Celi, representada por Marcelo Ron, pidió excluir una cuenta bancaria destinada a la pensión jubilatoria de Celi del congelamiento de cuentas. Por su parte, Teodoro Coronel, abogado de Miño, solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, argumentando la colaboración de Miño en el caso Las Torres y su inclusión en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos.
El juez Marco Rodríguez suspendió la audiencia, que se reinstalará a las 18:00 para decidir sobre las medidas cautelares.
Versión de Claro
El 25 de junio de 2021, PRIMICIAS consultó a Conecel sobre estas presuntas irregularidades. Claro respondió que no tuvo participación ni injerencia en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para la asignación del espectro, las cuales fueron definidas íntegramente por el Estado ecuatoriano. La empresa afirmó que la glosa fue desestimada tras evaluar las pruebas presentadas y la intervención de expertos internacionales.
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