El caso Triple A se ha convertido en un polémico proceso judicial que vincula al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y diez empresas, acusados de supuesta comercialización ilegal de combustibles. A continuación, un análisis extenso del caso, las empresas involucradas y las implicaciones legales y políticas.
Audiencia de formulación de cargos
La audiencia para formular cargos está programada para el domingo 1 de diciembre de 2024, a las 09:30, en la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en delitos de corrupción y crimen organizado. Este es el quinto intento de avanzar en el proceso judicial, tras la suspensión de las cuatro audiencias anteriores por diversas razones.
La Fiscalía acusa a diez personas y diez empresas de participar en el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilícita de combustibles. Entre los principales señalados están Aquiles Álvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier, además de administradores y contadores vinculados a las firmas procesadasEmpresas procesadas y su conexión con Aquiles Álvarez
Las investigaciones apuntan a un grupo de empresas que, en su mayoría, experimentaron un incremento exponencial en sus ingresos en 2023. Entre estas se destacan:
- Fuelcorp S.A.
- Creada en 2022, reportó ingresos de USD 799.699 en su primer año y USD 9.446.259 en 2023.
- Propietarios: José Cevallos Avellán, César Bravo Ibáñez y José Franco Magallanes, quienes también enfrentan cargos.
- Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.
- Fundada en 2021, pasó de ingresos nulos a USD 27.725.792 en 2023.
- Sus accionistas incluyen a los hermanos Álvarez Henriques.
- Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
- Registró USD 23.421.488 en ingresos en 2023, desde USD 2.275.709 en 2020.
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
- Facturó USD 46.846.056 en 2023, un crecimiento significativo comparado con años anteriores.
Además de estas, otras empresas como Indudiesel S.A., Flonape S.A. y Bienpetrol S.A. también reportaron ingresos en 2023, tras periodos anteriores sin actividad económica destacable.
Patrón de irregularidades y nexos políticos
La Fiscalía señala un patrón irregular en la adquisición y comercialización de combustibles. Por ejemplo, Fuelcorp S.A. habría facturado más de 745.718 galones de diésel adicionales a los adquiridos de Petroecuador EP. Además, Gasgrupco le vendió a Fuelcorp más de 2 millones de galones de diésel sin la debida autorización.
Algunos procesados, como Juan Daniel González Jurado y Angélica Vanessa Freire, están relacionados políticamente con el movimiento Centro Democrático, aliado del alcalde. González, además, figura como administrador en varias empresas investigadas.
Crecimiento financiero sospechoso en 2023
El análisis de los registros de la Superintendencia de Compañías muestra un crecimiento exponencial en los ingresos de las firmas procesadas en 2023. Por ejemplo:
- Gasgrupco pasó de USD 1.427.932 en 2022 a USD 27.725.792 en 2023.
- Copedesa S.A. aumentó sus ingresos de USD 14.461.983 en 2022 a USD 53.265.703 en 2023.
Este crecimiento ha generado sospechas sobre posibles irregularidades, especialmente en un contexto de presunta comercialización ilícita.
Reacciones de Aquiles Álvarez y su equipo legal
El alcalde ha mantenido una postura pública de apertura a la investigación, aunque se ha negado a conceder entrevistas sobre el tema. En julio, Álvarez afirmó en sus redes sociales:
“De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer”.
Su abogada, Rocío Loor, aseguró que evaluaría dar declaraciones, pero esto no se concretó.
Cronología del caso Triple A
- 12 de julio de 2024: Denuncia inicial presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
- 23 de julio de 2024: Siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, incluyendo la suspensión de una gasolinera de Copedesa.
- 27 de septiembre de 2024: Sorteo del caso y radicación en la Unidad Judicial de Garantías Penales.
- 1 de octubre de 2024: Fijación inicial de la audiencia de formulación de cargos.
Las siguientes fechas de audiencia (14 de octubre, 6 de noviembre, 11 de noviembre y 14 de noviembre) se suspendieron por diversas solicitudes de las partes procesales y problemas de coordinación.
Implicaciones políticas y legales
El caso Triple A pone en jaque la gestión del alcalde Aquiles Álvarez, generando interrogantes sobre su participación en el presunto delito. Asimismo, la vinculación de empresas y figuras políticas cercanas al alcalde evidencia una red de posibles irregularidades.
La formulación de cargos será clave para determinar las responsabilidades legales y el impacto político de este escándalo que, hasta ahora, ha marcado la administración municipal en Guayaquil.
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